Aseguran que hay un conflicto de intereses y una disparidad respecto a los temas que involucran al servicio de pasajeros en la ciudad.
Actualidad26 de junio de 2024
Redacción
La relación entre los taxistas de San Luis y el concejal Diego Augusto Videla se ha tensado al máximo. La controversia surge a raíz de la participación activa del edil como chofer de Uber, una situación que los taxistas consideran un flagrante conflicto de intereses. Según los conductores de taxis, Videla, en su rol de legislador, tiene una posición claramente sesgada respecto al conflicto con Uber y su servicio no regulado.
Los taxistas están indignados y advierten que la lucha con Uber es desigual. Señalan que mientras ellos deben cumplir con una serie de requisitos impuestos por la Municipalidad, Uber opera sin tributar ningún canon y sin las mismas exigencias regulatorias. Esta situación, aseguran, no solo es injusta, sino que también pone en riesgo sus fuentes de ingreso y la subsistencia de sus familias.
"Nos piden decenas de requisitos: desde la habilitación del vehículo hasta seguros específicos y controles exhaustivos. Todo esto implica un costo significativo para nosotros, mientras que los choferes de Uber operan libremente sin esas cargas", expresa Juan Pérez, un taxista con más de 20 años de experiencia en la ciudad.
La indignación no se dirige únicamente hacia Videla. Los taxistas también apuntan sus críticas hacia el intendente Gastón Hissa, a quien acusan de fomentar la proliferación del servicio de Uber en la ciudad. Según ellos, la permisividad del jefe comunal ha desatado una competencia desleal que afecta directamente sus ingresos.
"La libertad de prestación del servicio que ha promovido el intendente Hissa está comprometiendo los ingresos de muchas familias que dependen del taxi. Nos sentimos abandonados por las autoridades que deberían velar por un mercado justo y regulado", comenta María Adaro, otra taxista afectada por la situación.
El conflicto de intereses señalado por los taxistas no es un asunto menor. La participación de Videla como chofer de Uber genera serias dudas sobre su capacidad para legislar de manera imparcial y en beneficio de todos los ciudadanos. "No puede ser juez y parte en este conflicto. Necesitamos que nuestros representantes defiendan nuestros derechos y no los intereses de una empresa privada", añade Pérez.
La situación en San Luis es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas ciudades alrededor del mundo: la regulación y competencia entre servicios tradicionales y plataformas digitales de transporte. En San Luis, la falta de una regulación equitativa y la permisividad hacia Uber están generando un clima de malestar e incertidumbre entre los taxistas.
Por ahora, los taxistas han decidido intensificar sus protestas y hacer oír su voz en el Concejo Deliberante, esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto y garanticen un trato justo para todos los prestadores de servicios de transporte en la ciudad.
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