
El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.
Desde este viernes entran en vigencia las nuevas las nuevas tarifas. En 100 días, el gobierno de Poggi ya aumentó 3 veces el precio del boleto. Desde la comunicación del gobierno apelaron al viejo relato de comparar San Luis con otras provincias y atribuirle a la UTA la responsabilidad.
Actualidad28 de marzo de 2024
Redacción
En medio de un panorama económico ya tenso y con escasas señales de alivio, los ciudadanos enfrentan un nuevo embate contra sus bolsillos. El gobernador Claudio Poggi decretó un aumento del 40% en el precio del boleto de colectivo, marcando así el tercer tarifazo en tan solo 100 días de su gestión.
Corredores como La Punta y Juana Koslay tendrá un boleto de 750 pesos, un incremento que en los próximos días podría volver a modificarse según se supo. Solo en la capital puntana, desde la llegada de Hissa, el pasaje de colectivo subió un 600%.
Este incremento, que supera con creces la inflación acumulada del período, impactará de manera directa en la economía de los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin un correspondiente ajuste en los salarios de los empleados estatales, esta medida representa un duro golpe para aquellos que ya enfrentan dificultades para llegar a fin de mes.
La falta de un aumento salarial concomitante con este tarifazo agrava aún más la situación, profundizando la brecha entre ingresos y gastos para miles de familias. Los trabajadores que dependen del transporte público para desplazarse diariamente hacia sus lugares de trabajo se verán particularmente afectados, viendo disminuir su poder adquisitivo de manera significativa.
En un contexto donde la economía doméstica ya se encuentra bajo presión debido a los aumentos en alimentos, servicios básicos y combustibles, este nuevo incremento en el costo del transporte público se presenta como una carga adicional e injusta para quienes menos tienen.

El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.

Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.

El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.

El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.

La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.

El gobernador impulsa la reducción de la feria judicial como una “modernización del sistema”, pero los profesionales del Derecho de San Luis lo califican como una medida improvisada, sin sustento técnico ni administrativo. El descanso judicial, dicen, no es un privilegio, sino una necesidad estructural.

Con una canasta básica que roza los $782 mil, San Luis figura entre las provincias donde más cuesta llenar el carrito. Mientras tanto, el gobernador Claudio Poggi anuncia que “analizará” un aumento salarial. El desfasaje entre los precios y los sueldos ya golpea de lleno a los trabajadores puntanos.

La lista impulsada por el oficialismo provincial se impuso entre denuncias, favoritismos y enojo de los hinchas. A pocas horas de asumir, la nueva presidenta de la Liga enfrentó su primer escándalo: incidentes violentos en un partido y un repudio generalizado en redes.

La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.

El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.

El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.

Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.

El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.