La presidenta del Concejo Deliberante actúa de manera desafiante. Esta semana se cumplió un mes de la no reincorporación de 14 trabajadores que fueron despedidos irregularmente.
Actualidad28 de marzo de 2024
Redacción
“Impunidad absoluta” de esa manera se maneja por estos días Agustina Arancibia Rodríguez, presidenta del Concejo Deliberante de San Luis. Tanto que se anima a desobedecer una orden judicial por la que debe reincorporar 15 personas que despidió apenas asumió de manera ilegal.
Esta semana se cumplió un mes en el que trabajadores y trabajadores pasan sus horas en el patio de la vieja casona de calle Colón. Arancibia Rodríguez no los recibió nunca ni tampoco les designó tareas.
Incluso fue más allá y mediante una “trampa” administrativa, hizo firmar contratos a trabajadores desesperados por su realidad económica a costa de sus plantas permanentes. Entre ellos está Facundo Lucero, un empleado con síndrome de down que fue engañado por las autoridades del Concejo para conservar su empleo.
El cinismo tanto del intendente Hissa como de Arancibia ha convertido el Legislativo en un aguantadero político, el mismo que dicen haber eliminado. Este mes se conoció que hay al menos 30 nuevos contratos que pertenecen a la presidencia y a concejales afines. como Laura Sánchez que incorporó a jugadores de fútbol, técnicos, un árbitro y una persona que sería su actual pareja. Lo que deja de manifiesto la persecución política y la falta de responsabilidad institucional de esta gestión.
El futuro cercano promete más medidas judiciales contra Arancibia. Ya sin Daniel Piñeda, encargado de señalar y perseguir gente que fue rescatado por Hissa, todas las medidas recaen en la presidenta. A la que se la ve muy alterada en cada sesión de los jueves. Estos dos junto a la nueva secretaría administrativa serán citados por la justicia por el delito de retención indebida de haberes.
El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.
Un grupo de integrantes de la Cámara de Comercio se reunieron con Jorge Gastón Hissa y lo responsabilizaron por el caos que generó la proliferación de manteros. Aunque agradecieron la convocatoria, aseguran que las soluciones que ahora propone ya existían en la gestión anterior y que el intendente sólo reacciona mirando el calendario electoral.
La bancada opositora busca suprimir el requisito impuesto por el Ejecutivo, al que señalan como ilegal y responsable de trabar la renovación del carnet a cientos de vecinos. El dictamen en minoría apunta a restituir los criterios de la Ley Nacional de Tránsito.
Mientras la gestión navega entre anuncios inflados y resultados escasos, la comunicación oficial intenta convertir encuentros administrativos en gestas históricas. La maquinaria propagandística crece, pero la credibilidad se achica.
Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.
La información que publicó el senador Bartolo Abdala contradice el discurso central del gobierno de Claudio Poggi, que insiste en denunciar una caída histórica de recursos. Los números libertarios muestran otra cosa, hubo más fondos, incluso por encima de la inflación.
Una inspección originada por ATE expuso fallas estructurales, falta de mantenimiento y condiciones insalubres en el corralón y el edificio municipal de La Punta. El informe apunta directamente al intendente Luciano Ayala y a su gabinete.
Decretos firmados el 17 de septiembre readecuaron los sueldos de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que conduce Néstor Ordoñez. Mientras los estatales continúan muy por debajo de la canasta básica alimentaria.
Decretos firmados el 17 de septiembre readecuaron los sueldos de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que conduce Néstor Ordoñez. Mientras los estatales continúan muy por debajo de la canasta básica alimentaria.
Una inspección originada por ATE expuso fallas estructurales, falta de mantenimiento y condiciones insalubres en el corralón y el edificio municipal de La Punta. El informe apunta directamente al intendente Luciano Ayala y a su gabinete.
Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.
Mientras la gestión navega entre anuncios inflados y resultados escasos, la comunicación oficial intenta convertir encuentros administrativos en gestas históricas. La maquinaria propagandística crece, pero la credibilidad se achica.
Trabajadores marcharán este martes en rechazo a la pérdida del poder adquisitivo y a la falta de respuestas del gobierno provincial. La protesta apunta a un problema que el oficialismo intenta minimizar, como es la caída estructural del salario estatal.