Se trata de Javier Ugarte, del área Coordinación Juan Martín Pueyrredón del ministerio de Seguridad de la provincia que maneja Nancy Sosa.
Provinciales05 de marzo de 2024
Redacción
En medio de una profunda crisis financiera que azota a la provincia de San Luis y mientras el gobierno de Claudio Poggi impone ajustes draconianos que afectan a la ciudadanía, el funcionario Javier Antonio Ugarte parece estar viviendo en un mundo aparte, uno donde la realidad económica no tiene lugar.
“Algunas razones por la cual amo mi trabajo”, publicó el funcionario de Nancy Sosa y que luego borró minutos más tarde, ostentando la frondosa suma de más de 3 millones de pesos en su home banking. Un promedio de lo que ganan los funcionarios del actual gobierno, con los aumentos que se otorgaron en enero y febrero, mientras los empleados públicos cobraban en cuotas.
El reciente escándalo desatado por la revelación de que Uriarte, un alto cargo del gobierno, presume de ganar la asombrosa suma de tres millones de pesos, ha generado indignación entre los ciudadanos que luchan por sobrevivir en medio de la recesión y la precariedad económica impuesta por las políticas gubernamentales.
Mientras las familias sanluiseñas luchan para llegar a fin de mes, enfrentando despidos, recortes en los servicios públicos y un aumento desmedido en el costo de vida, resulta insultante que un funcionario público como Uriarte se jacte públicamente de sus ganancias exorbitantes.
Esta revelación no solo demuestra una total falta de empatía y sensibilidad hacia las dificultades que enfrenta el pueblo, sino que también pone en evidencia la desconexión total entre la clase política y la realidad cotidiana de los ciudadanos comunes.
El subsecretario nacional Alejandro Cacace, convertido en vocero del achique estatal, celebró el cierre de organismos y reclamó al gobernador que continúe con el ajuste. Su pasado familiar ligado al Estado lo deja expuesto ante el propio relato libertario.
Profesionales advirtieron una vez más sobre la crisis en el sistema sanitario. Denuncian la falta de recursos humanos, salarios por debajo de la media y una política de salud desmantelada desde la llegada de Claudio Poggi al poder.
Tras el reclamo de los vecinos del barrio Cerro de la Cruz y la intervención de la Defensoría del Pueblo, el Municipio debió suspender la instalación de una torre de telefonía celular que ya estaba completamente montada.
En lugar de aclarar su viaje a Dubai, el funcionario dejó al desnudo la falta de presupuesto para las personas con discapacidad y la absoluta indolencia oficial.
El Senado aprobó la media sanción de una norma que busca proteger cuentas oficiales. Sin embargo, el propio oficialismo permitió su uso partidario tiempo atrás, cuando El Chorrillero se quedó con las cuentas del programa San Luis Inspira.
Firmó el ajuste con una sonrisa, pero ahora llora los recortes en casa. Poggi quiso ser el aliado perfecto de Milei, aunque no se banca las facturas del amor libertario.
Así lo advirtieron distintas plataformas a usuarios y comerciantes. Mientras en otras provincias la tendencia es a eliminar impuestos, en San Luis se suman nuevos.
Antonio Brito, actual secretario de Deportes de la Municipalidad de San Francisco y dirigente del oficialismo provincial, fue imputado por lesiones agravadas, amenazas y resistencia a la autoridad.
La crisis del plan de viviendas en San Luis afecta a miles de inscriptos: solo un tercio accedería a una solución habitacional. El resto quedaría en lista de espera. El gobierno de Claudio Poggi enfrenta una nueva polémica.
Pasen, lean y rían (o lloren, según el grado de esperanza que les quede). Porque ya salió otro resumen de la política puntana y está plagado de frases inconexas, y teorías sin sustento. Dedicado a quienes tienen los niveles de lectocompresión más altos de Terrazas.
La publicación que buscaba mostrar gestión se convirtió en un mal espejo de su vacío político. Hoy es el ejemplo de una concejal que ni legisla, ni controla, ni escucha, ni le tiene miedo al ridículo. Aunque en las redes sociales quiera mostrar algo distinto.
Los empleados estatales ya fueron dados de baja y no cobrarán a fin de mes. La medida fue presentada como “no renovación de contratos”, mientras el Ejecutivo mantiene sueldos de hasta $2,5 millones para asesores sin funciones claras.
El subsecretario nacional Alejandro Cacace, convertido en vocero del achique estatal, celebró el cierre de organismos y reclamó al gobernador que continúe con el ajuste. Su pasado familiar ligado al Estado lo deja expuesto ante el propio relato libertario.