Lavalle
Tres concejales elevaron un pedido formal para que el Ejecutivo municipal aclare por qué Juan José Álvarez Pinto continúa “de licencia” como intendente de Villa de Merlo, cuando (según el planteo) el permiso ya habría vencido y no se comunicó ninguna renovación al Concejo Deliberante.
El requerimiento generó fuerte repercusión política en la localidad, ya que pone en duda la legalidad del esquema actual de conducción del municipio. Los ediles sostienen que, al no existir una prórroga formalmente informada, se habría producido un vacío administrativo que deja a la gestión local en una zona gris institucional.
El dato central no es menor: el vencimiento señalado es el 23 de diciembre de 2025 y la licencia habría sido otorgada originalmente mediante la Resolución N° 2423-CD-2025. Desde entonces, aseguran, pasó más de un mes sin que el Concejo reciba documentación que respalde la continuidad de la licencia o aclare el marco legal vigente.
En términos prácticos, los concejales advierten que hoy no está claro bajo qué instrumento jurídico se encuentra habilitado el actual intendente interino, Leonardo Rodríguez, para ejercer plenamente las funciones ejecutivas. Cuando Álvarez Pinto asumió como ministro provincial, se había informado que Rodríguez quedaba a cargo del municipio de manera transitoria, pero ese interinato dependía directamente de la vigencia formal de la licencia.
Con el paso de las semanas, lejos de ordenarse, el panorama se volvió más confuso. En el Concejo aseguran que no hubo comunicación oficial clara sobre la prórroga de la licencia ni sobre los alcances legales del interinato, lo que abre interrogantes sobre la validez de decisiones administrativas tomadas en este período.
Por eso, además del pedido de informes, los ediles reclamaron a la presidenta del Concejo Deliberante, Patricia Morandé, la convocatoria a una sesión extraordinaria para abordar el tema de manera urgente. El objetivo, explicaron, es evitar que el problema se profundice y derive en conflictos legales de mayor gravedad.
Desde sectores de la oposición remarcan que no se trata de una discusión política menor, sino de una cuestión institucional básica: quién tiene efectivamente la potestad de gobernar el municipio y bajo qué marco legal lo hace. Sin una resolución clara, advierten, cualquier acto administrativo podría quedar expuesto a impugnaciones futuras.
A esto se suma un aspecto jurídico de fondo que vuelve aún más delicada la situación. El régimen municipal provincial establece incompatibilidades para integrar órganos municipales, incluyendo a funcionarios públicos a sueldo, precisamente para evitar conflictos de intereses y superposición de funciones entre distintos niveles del Estado.
En ese sentido, la continuidad de Álvarez Pinto como ministro mientras mantiene formalmente su cargo de intendente (aunque en licencia) vuelve a instalar el debate sobre la legalidad y la ética institucional de estas dobles funciones dentro del esquema político provincial.
Para muchos dirigentes locales, el caso de Merlo no es un hecho aislado, sino parte de una práctica cada vez más frecuente en San Luis: funcionarios que asumen cargos provinciales sin resolver de manera clara su situación de origen, generando vacíos administrativos que luego terminan en conflictos políticos o judiciales.
Desde distintos espacios advierten que este tipo de situaciones afectan directamente la transparencia y la seguridad jurídica de la gestión pública. No se trata solo de formalidades, sino de garantizar que cada acto de gobierno esté respaldado por autoridades legalmente habilitadas.
Además, remarcan que la incertidumbre institucional impacta en áreas sensibles como contrataciones, pagos, licitaciones y resoluciones administrativas, donde cualquier irregularidad puede derivar en observaciones de organismos de control o en causas judiciales futuras.
En el plano político, el tema ya generó malestar tanto en sectores opositores como en algunos espacios oficialistas, que consideran que el Ejecutivo provincial debería intervenir para ordenar la situación y evitar que el conflicto se agrave.
Para muchos dirigentes merlinos, el caso expone una falta de previsión institucional que podría haberse resuelto con una simple comunicación formal de prórroga o con una definición política clara sobre la continuidad o no de Álvarez Pinto en uno de los dos cargos.
Mientras tanto, el municipio continúa funcionando en un clima de incertidumbre administrativa, con un intendente interino que ejerce el poder sin que exista plena claridad jurídica sobre su respaldo formal, y con un intendente titular que sigue desempeñándose como ministro provincial.
La polémica se suma así a una serie de tensiones institucionales que atraviesan distintos municipios de San Luis, donde concejales y sectores políticos reclaman mayor respeto por los marcos legales y mayor transparencia en las decisiones de gobierno.
Por ahora, todas las miradas están puestas en la respuesta que pueda dar el Ejecutivo municipal y en la eventual sesión extraordinaria del Concejo, donde se espera que se aclare finalmente si la licencia fue prorrogada, bajo qué condiciones y con qué respaldo legal.
Si eso no ocurre, advierten, el conflicto podría escalar rápidamente del plano político al judicial, con consecuencias mucho más complejas para la gestión local y para el propio Gobierno provincial.
