RedacciónNatalia Gil Ledezma trabajó ocho años en la administración pública sin sumarios ni antecedentes. Fue jefa de despacho de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, la repartición que encabezaba Ricardo Bazla. Declaró ante la Unidad de Abordaje Fiscal de Villa Mercedes el 20 de marzo. Hoy está sin trabajo.
Su relato ante la Fiscalía fue el de alguien que ejecutaba sin decidir. Homologaba contratos cuando se lo indicaban, iniciaba expedientes, llevaba resoluciones al despacho del secretario y las dejaba ahí. La Resolución N° 12, que aparece en la causa vinculada a Darío Oviedo, la redactó por instrucción directa de Bazla. No recuerda con certeza haber sido ella quien se la notificó a Oviedo, dado el volumen de tareas que tenía en ese momento, el foro anticorrupción, un remate de automotores, los plazos encima. Lo que sí afirmó sin dudas es que no existe ningún expediente de la cosecha del campo El Caburé que ella haya confeccionado. Y que el secretario (por Bazla) tenía pleno conocimiento del contrato de cosecha.
Ese punto es central para entender por qué el testimonio de Gil Ledezma suma peso a la causa. La defensa enfrenta hoy ocho imputaciones: defraudación, falsedad ideológica, utilización de instrumento público agravado por la calidad del autor, estafa procesal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado y hurto.
Por eso presentó un planteo de nulidad que debe resolver el Tribunal de Impugnaciones. La estrategia defensiva necesita instalar que Bazla no tenía control efectivo sobre lo que ocurría en la secretaría ni en el campo. El testimonio de su propia jefa de despacho va exactamente en dirección contraria, describe una repartición donde nada se movía sin su aprobación y donde el campo El Caburé estaba bajo su responsabilidad directa, dato que su ex secretaria privada Nelly Adaro también confirmó de manera independiente ante la Fiscalía un día antes.
Lo que ocurrió después de la primera declaración de Gil Ledezma es el capítulo más político de su testimonio. Bazla cambió de actitud hacia ella de manera notoria. Le dejaron de contestar el celular. Cuando pidió autorización para modificar unos paneles en un evento, le respondieron por mensaje preguntando quién le había dado esa autorización, siendo parte de sus funciones habituales. El 23 de febrero, el ex funcionario la llamó a su despacho y le pidió la renuncia.
"Me encuentro envuelta en esta situación cuando yo no tengo nada que ver con los tratos que ellos hicieron", declaró. Ocho años de carrera administrativa sin una mancha, y terminó en la calle el mismo mes en que la Justicia le formulaba al secretario que le daba las órdenes ocho cargos penales por hechos que su defensa hoy intenta desconocer.
