MosconiEl Gobierno de San Luis otorgó un préstamo de 960 millones de pesos a diez instituciones del programa nacional Incluir Salud para que puedan seguir atendiendo a 471 personas con discapacidad. La medida llegó tras meses de demoras en los pagos de Nación, pero también tras semanas de movilizaciones frente a Casa de Gobierno que la administración Poggi ignoró hasta que la situación se volvió insostenible.
Las instituciones beneficiadas —entre ellas Ailen SRL, Centro de Día La Esperanza, Fundación Beatriz Ramseyer y Newen SA— venían sosteniendo sus servicios sin recibir los fondos correspondientes. Familias y profesionales recurrieron a las marchas porque no encontraron otra vía de respuesta institucional. El silencio oficial fue la política hasta que la presión pública forzó una reacción.
Los fondos se formalizaron mediante el decreto N°2762-MdeS-2026, firmado por Poggi. El mecanismo elegido no es una asistencia extraordinaria sino un préstamo reintegrable, las instituciones recibirán el dinero pero deberán devolverlo en doce cuotas iguales. El Estado provincial se posiciona así como acreedor de organizaciones que atienden a personas con discapacidad en una situación de emergencia financiera.
La secuencia es reveladora. No hubo intervención preventiva ni gestión anticipada ante las demoras de Nación. El gobierno esperó que el conflicto escalara públicamente para habilitar una solución que, además, traslada el costo a las propias instituciones afectadas. Poggi anunció la medida como un gesto de apoyo; las instituciones la reciben como una deuda.
Lo que queda en evidencia no es solo la tardanza. Es la lógica de gestión: responder a la crisis cuando ya explota, y hacerlo en condiciones que no resuelven el problema de fondo. Las familias que marcharon a Terrazas consiguieron oxígeno. No consiguieron una solución.
