MosconiEste martes continuó el juicio oral contra Cintia Ramírez. Los testimonios del área contable y de tesorería describieron el procedimiento administrativo por el que se la acusa y confirmaron que ese mismo mecanismo se mantiene vigente en el organismo.
El abogado defensor Ramiro Rubio señaló que durante toda la investigación penal preparatoria solicitaron en más de nueve oportunidades acceso a los expedientes digitales para realizar una pericia contable y técnico-administrativa. Ese acceso, nunca fue otorgado. El dato tiene peso procesal directo, los mismos testigos de la acusación reconocieron que la prueba en la que se sustenta el cargo surge precisamente de esos expedientes.
La Fiscalía, según la defensa, incorporó únicamente fotocopias de una orden de pago y una factura. Para la defensa, un expediente digital contiene muchas más actuaciones y registra la intervención de múltiples funcionarios. Sin esa documentación completa, sostuvo, no es posible establecer quién autorizó las órdenes de pago ni si las transferencias imputadas a Ramírez efectivamente se realizaron.
La defensa también cuestionó la ausencia de comprobantes de transferencia, el elemento que permite trazar el recorrido del dinero. "Si eso es lo único que tienen, no tienen nada", sintetizó Marcos Juárez en la sala. Agregó que nunca se realizó la pericia contable ni la administrativa que solicitaron, y que ninguna de las acusaciones —ni la pública ni la privada— las ofreció como prueba.
El juicio expone una tensión que va más allá del caso individual, el Estado provincial acusa a una ex funcionaria por operar un circuito administrativo que continúa funcionando sin modificaciones. La solidez de esa acusación, según quedó planteado este martes, depende de documentación que nadie presentó y está basada en una auditoria que realizó Ricardo Bazla, funcionario denunciado por el robo de maíz de un campo con un valor de 2 millones de dólares.
