El secretario de Ética del gobierno de Claudio Poggi, Bazla, enfrenta una inminente formulación de cargos por defraudación al Estado —entre otros delitos imputados— programada para el 25 de marzo. En lugar de responder públicamente sobre la situación de uno de sus funcionarios más cercanos, el oficialismo provincial desplegó en los últimos días una ofensiva mediática coordinada para instalar otro tema en la agenda.
La operación bajó desde el secretario de Comunicación, Diego Masci. Editorialistas afines, medios que replican sin edición las notas enviadas desde Casa de Gobierno en Terrazas, y el canal estatal fueron los vectores de una campaña que apuntó a visibilizar el juicio contra la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, como causa política prioritaria. El objetivo era claro: ocupar el espacio informativo que podría haber estado dominado por el caso Bazla.
La pauta oficial financió esa cobertura. Millones en publicidad estatal se destinaron a sostener medios que funcionan como correa de transmisión del gobierno y que esta semana cumplieron ese rol sin disimulo. El uso del canal público como herramienta de desvío de la atención refuerza una denuncia que ya circula en el periodismo local, la pauta no financia difusión, financia silencio.
El caso Bazla no es nuevo ni menor. Las imputaciones incluyen defraudación al Estado, y la proximidad del funcionario con el gobernador convierte su situación judicial en un problema político de primer orden para el oficialismo. Que el gobierno haya optado por la cobertura activa del caso Ramírez en lugar de explicar la situación de su propio funcionario dice más de la gravedad del expediente que cualquier comunicado.
La formulación de cargos del 24 de marzo pondrá a prueba si la operación mediática puede seguir sosteniendo el relato. Por ahora, la maquinaria funciona. Pero los tiempos judiciales no se manejan desde Terrazas.
