RedacciónMaximiliano Frontera formalizó mediante un comunicado oficial que el municipio de Villa Mercedes no autoriza la llegada de Uber. La decisión se conoció horas después de que los directivos de la plataforma anunciaran su desembarco en la ciudad. "El Municipio no reconoce ni autoriza otras modalidades de 
transporte de pasajeros, incluidas las ofrecidas mediante aplicaciones digitales o plataformas tecnológicas, ya que no cuentan con el marco normativo ni habilitación municipal", señaló el texto institucional.
La medida distancia a Frontera de la línea que sostienen Claudio Poggi y Jorge Gastón Hissa, quienes toleran la operación ilegal de aplicaciones de transporte en San Luis capital. El anuncio de Uber circuló primero en medios vinculados al gobierno provincial, lo que reforzó las sospechas del sector taxista sobre un aval implícito del poggismo. La ausencia de notificación formal previa al municipio alimentó la versión de un acuerdo previo entre la empresa y sectores cercanos al gobernador.
Desde el gremio de taxistas señalan que la informalidad en el transporte encubre la crisis salarial provincial. Empleados públicos, docentes y profesionales recurren a sus vehículos particulares para generar ingresos complementarios ante sueldos insuficientes. La tolerancia oficial al trabajo irregular funcionaría como válvula de escape frente al ajuste de la gestión Poggi, "dibujando" índices de pobreza que el esquema salarial provincial no logra contener.
La postura de Frontera reinstala el debate sobre competencia desleal y seguridad de pasajeros. Mientras Villa Mercedes exige cumplimiento normativo, Hissa mantiene una actitud permisiva en la capital que, según los taxistas, favorece irregularidades y expone riesgos para usuarios. La fractura oficialista sobre un tema sensible como el transporte urbano desnuda tensiones internas que se van acumulando.
