El intendente de Juana Koslay intentó crear una nueva tasa para financiar el centro de monitoreo, pero la reacción de los vecinos lo obligó a retroceder. La jugada, más política que de gestión, terminó exponiendo el final de una intendencia desgastada.
Actualidad28 de octubre de 2025
Redacción
El intento de Jorge “Toti” Videla por crear una nueva tasa municipal destinada a “mejorar la seguridad” en Juana Koslay duró menos de lo que tarda un vecino en publicar su indignación en redes. La medida, que buscaba recaudar unos 80 millones de pesos, fue el detonante de una ola de protestas que terminó por hacer retroceder al intendente en la recta final de su mandato.
Videla justificó la iniciativa asegurando que el municipio recibe un 35% menos de coparticipación. Pero el argumento se desmoronó rápidamente: su alianza política con Claudio Poggi, el gobernador de San Luis, no trajo ni recursos ni soluciones, solo una banca en la Legislatura para el propio Toti.
Durante la campaña, el jefe comunal había prometido que ya contaba con los fondos necesarios para reforzar la seguridad local. Pasaron las elecciones de mayo, y con ellas también desaparecieron los supuestos recursos. Lo que sí apareció fue una nueva idea de recaudación disfrazada de “tasa especial”, que de no ser por la reacción ciudadana, habría pasado sin sobresaltos.
“Se va a vetar la ordenanza y vamos a ver de qué forma se pone en marcha”, dijo Videla, intentando suavizar la marcha atrás. Pero el mensaje dejó en evidencia que el problema no era de forma, sino de fondo: un intendente agotado, sin respaldo y con más preocupación por su salida que por la gestión.
El dato que más molestó a los koslayenses fue la intención de financiar desde los bolsillos vecinos un sistema de seguridad que, en rigor, es responsabilidad del gobierno provincial. Ni Poggi ni sus funcionarios fueron mencionados por el intendente, que prefirió esquivar el tema antes que admitir el fracaso de su “sociedad política”.
En los cafés y esquinas de Juana Koslay el comentario era uno solo: Videla quería irse con fondos frescos. Incluso circuló el rumor de que el dinero tenía un destino más personal que institucional: avanzar con la mansión que se está construyendo.
El plan se frustró antes de arrancar. La gente salió, habló, se organizó, y el intendente —que se va en semanas— tuvo que guardarse la ordenanza en el cajón. Si pasaba, pasaba. Pero esta vez, no pasó.
Tras los nuevos datos de inflación provincial, el gremio reclamó que el aumento del 5% otorgado por la gestión Poggi es insuficiente y denunció una crisis salarial que golpea a estatales, municipales y beneficiarios del Plan de Inclusión.
La lista de casi 3.000 inscriptos incluyó a dirigentes del oficialismo y familiares del intendente con licencia. La comunidad denuncia que su participación desplaza a familias que realmente necesitan una vivienda.
Otro capitulo de un resumen político más gastado que las estrategias comunicacionales del gobierno de Poggi. Todo lo volcado en estas actas carece de rigor científico y apela a meras cuestiones metafísicas y/o brujería.
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El gobernador confirmó públicamente que el senador electo por San Martín no ocupará la banca. La maniobra deja expuesta una estrategia electoral que vacía la representación departamental.
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