El diputado nacional mostró su casa en La Toma y lanzó un desafío público al gobernador Claudio Poggi, a quien acusa de enriquecerse a costa del Estado. Denunció persecución judicial y apuntó contra la falta de transparencia en las declaraciones patrimoniales del mandatario.
ActualidadHace 3 horas
Redacción
El clima político en San Luis vuelve a calentarse. En medio de una causa judicial que califica como “trucha” y de una escalada operaciones ligadas al gobierno provincial, el diputado nacional Ernesto “Pipi” Nader Alí le pegó duro al gobernador. Mostró su vivienda en La Toma y lanzó un desafío directo a Claudio Poggi: “Ahora que Poggi muestre dónde y cómo vive, y que explique cómo su patrimonio creció más de un mil por ciento mientras la gente sufre el ajuste”.
La jugada fue clara, mientras el oficialismo intenta instalar una imagen de corrupción sobre exfuncionarios, Alí puso el foco sobre el gobernador y su propio historial económico.
El legislador, imputado junto a otros exfuncionarios en una causa que considera armada, denunció que Poggi “usa la justicia como herramienta de persecución política” y que los expedientes “son una cortina de humo” para desviar la atención de su crecimiento patrimonial.
“Yo no tengo nada que ocultar. Vivo en el mismo lugar de siempre y tengo los mismos bienes que pueden ver todos. Poggi no puede mostrar dónde vive ni cómo multiplicó su fortuna después de décadas viviendo del Estado”, lanzó el diputado en un reel que se viralizó rápidamente.
Patrimonio bajo la lupa
Las declaraciones juradas del gobernador, presentadas ante los organismos de control, fueron calificadas por distintos sectores como “una burla”: cifras irrisorias, valuaciones desactualizadas y un patrimonio que no se condice con la cantidad de bienes a su nombre. Según distintas fuentes, Poggi acumula más de 30 propiedades, muchas de ellas adquiridas durante sus años como funcionario público.
Mientras Poggi impulsa un duro programa de recortes que golpea a trabajadores, jubilados y sectores vulnerables, su crecimiento patrimonial genera cada vez más preguntas. “No se puede pedir sacrificio a los puntanos cuando uno mismo vive con privilegios que no puede explicar”, advirtió Alí, en un mensaje que resonó en redes y en los pasillos políticos.
“La transparencia no se declama: se demuestra”, remató el diputado, dejando sobre la mesa un desafío que, por ahora, el gobernador prefiere esquivar.
El gobernador de San Luis se reunió con Luis “Toto” Caputo y confirmó su alineamiento con Javier Milei. A cambio de allanar el camino electoral a La Libertad Avanza, recibió la promesa de reactivar una obra que él mismo había frenado y un plan de pagos en cuotas por viviendas ya ejecutadas.
Mientras niega vínculos con la Casa Rosada, el gobernador selló su alianza con Javier Milei. La ministra libertaria llegó a San Luis con recursos y estructura electoral, gestionada por el ministro Bertolini y su hijo, encargados de distribuir la “caja libertaria” en territorio puntano.
El intendente de San Luis retomó sus caminatas proselitistas en medio de un clima social adverso. Mientras los barrios reclaman limpieza, iluminación y calles transitables, insiste con una agenda de campaña que ya no convence a nadie.
La salida de Malvina Orozco expuso la interna en el gabinete municipal y golpeó de lleno al armado político de Agustín Hissa. La funcionaria, acusada de abuso de poder e irregularidades, fue separada del cargo tras la presión pública. En el área ya circula una lista con posibles despidos de trabajadores.
Las integrantes del panel “Política, cosa de mujeres” salieron al cruce de los medios alineados al gobernador Claudio Poggi, que intentaron deslegitimar la actividad realizada en la Universidad Católica de Cuyo. Denunciaron violencia política y defendieron el carácter plural del encuentro.
La agrupación estudiantil Juventud Universitaria Peronista solicita investigar al Secretario de Desregulación del gobierno de Javier Milei por presunta irregularidad académica. La denuncia apunta a un posible fraude en la FCEJS.
Pasan cosas en la política puntana y no seríamos nosotros si no las contamos, siempre bajo nuestra mirada conspirativa y ensobrada. Porque si hay descontento social que se note y bastante. Y si hay resúmenes políticos por ahí, este es el más descarado, tan mal escrito que los supuestos súper profesionales de la comunicación y los sommeliers de plumas periodísticas no pueden dejar de leerlo.
El diputado nacional fue imputado, junto a otros ex funcionarios, en una causa que califica de “trucha”. Denunció que el gobernador Claudio Poggi usa la justicia para perseguir opositores y desviar la atención de su propio patrimonio millonario, acumulado tras décadas en el Estado.
La salida de Malvina Orozco expuso la interna en el gabinete municipal y golpeó de lleno al armado político de Agustín Hissa. La funcionaria, acusada de abuso de poder e irregularidades, fue separada del cargo tras la presión pública. En el área ya circula una lista con posibles despidos de trabajadores.
Mientras niega vínculos con la Casa Rosada, el gobernador selló su alianza con Javier Milei. La ministra libertaria llegó a San Luis con recursos y estructura electoral, gestionada por el ministro Bertolini y su hijo, encargados de distribuir la “caja libertaria” en territorio puntano.
El gobernador de San Luis se reunió con Luis “Toto” Caputo y confirmó su alineamiento con Javier Milei. A cambio de allanar el camino electoral a La Libertad Avanza, recibió la promesa de reactivar una obra que él mismo había frenado y un plan de pagos en cuotas por viviendas ya ejecutadas.
Tras meses de presión, ataques mediáticos y maniobras para romper el Círculo Médico, el gobierno provincial tuvo que retroceder y cerrar un acuerdo. La derrota deja expuestos a Jorge Vergara y Teresa Nigra, debilitados tras un conflicto que golpeó directamente a los afiliados.
El diputado nacional mostró su casa en La Toma y lanzó un desafío público al gobernador Claudio Poggi, a quien acusa de enriquecerse a costa del Estado. Denunció persecución judicial y apuntó contra la falta de transparencia en las declaraciones patrimoniales del mandatario.