Bienvenidos a otro capítulo del reality show de la política puntana. Se palpita la intervención en la Justicia, los abogados están en la mira y algunos jueces ya prevén su salida por la ventana.
Algunos funcionarios no quieren pagar coseguros y otros disfrutan de los privilegios de tener la corporación mediática a su favor.
Mientras tanto, el Alberto sigue siendo la preocupación principal en Terrazas, a pesar de que el oficialismo se impuso en las elecciones.
Subite a otra llamarada de chusmerio, rosca y elucubraciones inchequeables.
VERGÜENZA AJENA
Daniel Miranda y otros editorialistas del poggismo ya no tienen límites. Se animan a todo, incluso a justificar la muerte de una persona en situación de calle con cualquier dato pedorro, con tal de despegar a Claudio Poggi del desastre social que él mismo profundizó.
Esa biblia comunicacional del poggismo tiene una norma sagrada, la de proteger al líder, cueste lo que cueste. Aunque eso implique decir que alguien muere “por la vida misma”, y no por el frío, la miseria y el abandono estatal.
Fabio Mendoza murió en la calle, solo y despedido por la gestión Poggi. No fue el primero. Ya son tres los muertos por hipotermia en San Luis. Pero el periodismo oficialista, bien cebado con pauta, prefiere mirar para otro lado. Total, mientras no se nombre al gobernador, que los pobres sobrevivan como puedan.
El que haya estudiado comunicación, o simplemente tenga memoria, no puede leer la nota de El Chorrillero sin recordar aquella tapa de Clarín que culpaba a "la crisis" de dos muertes. Es el mismo periodismo basura, con distinto patrón.
Miranda, Daniel Poder, Diego Masci… podrán escribir mil veces intentando borrar al verdadero responsable. Pero los números no mienten: desde que gobierna Poggi, la pobreza y la indigencia se duplicaron. Y el abandono también mata.
PRÓXIMA ESTACIÓN: LA JUSTICIA INTERVENIDA
La independencia judicial en San Luis no murió, pero la están velando en silencio y con custodia. El gobernador Claudio Poggi parece haber encontrado en el Poder Judicial el nuevo apéndice de su gestión. Primero, el escarnio público contra la jueza Cecilia Chada, después, la nominación exprés de Víctor Endeiza, un nombre que no suena ajeno en la rosca oficialista y como postre, el nombre de Eduardo Cadelago Filipp para Procurador General. Una semana donde la intervención poggista comenzó con fuerza.
En los pasillos del Palacio de Justicia, el ambiente está más que espeso. No es casualidad que el gremio de los judiciales se “abra al diálogo” o que un ministro del Superior Tribunal ya haya anunciado que se va “decorosamente”. Traducido a lo político: "me rajo antes que me forreen en los medios del poggismo". Porque el nuevo deporte del oficialismo no es precisamente fomentar la división de poderes, sino practicar el escrache selectivo, donde la difamación reemplaza a la prueba y el rumor tiene más peso que un fallo firme. Los jueces que aún resisten, resisten más por miedo al escándalo que por principios jurídicos. No sea cosa que terminen en una opereta dirigida desde Terrazas por Diego Masci.
La Justicia ya no está en riesgo, está colonizada. Y Poggi, mientras tanto, arma su propia fiscalía del pensamiento, dispuesto a reescribir la ley según el humor del día. En este tren sin frenos, la próxima estación no es la democracia, sino la obediencia.
ABOGADOS AL BANQUILLO
La cruzada moralinista del poggismo ahora apunta sus linternas inquisidoras contra los abogados y judiciales. Porque cuando el poder se aburre de pelear con gremios, empieza a sacarse las ganas con el fuero laboral.
Esta semana, Claudio Poggi firmó un acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para que las comisiones médicas actúen como una especie de filtro prejurisdiccional en San Luis. Con bombos, platillos se presentó una movida que, en los papeles, ofrece patrocinio gratuito. Pero en la práctica, reduce la intervención de los abogados y limita el acceso real a la Justicia de quienes sufren accidentes laborales. Más que ayuda, parece una pinza quirúrgica para neutralizar demandas molestas.
La ironía de esta situación es casi escatologica. Poggi y su socio político Jorge Gastón Hissa lideran el ranking de empleadores con más juicios laborales en curso. Desde 2023 echaron sin justificación y con procedimientos irregulares a miles de trabajadores.
Pero en lugar de ordenar su cambalache administrativo, prefieren cambiar las reglas del juego, por algo menos visible y sin abogados que los acompañen a meter ruido. La fórmula perfecta para el patrón que no quiere testigos de sus trapisondas.
Y como si fuera poco, a todo esto se suma el recuerdo fresco del intento de eliminar la feria judicial. Porque nada representa mejor el espíritu navideño poggista que dejar a los abogados sin vacaciones. Todo apunta a una intención de domesticar, desgastar o directamente correr del medio a quienes se interponen ante la nueva inquisición judicial poggista.
.El Colegio de Abogados mira de reojo, mientras el gremio de judiciales hace cálculos. ¿Quién sigue en la lista? No se sabe, pero el que esté enfrente seguro que ya tiene la mira en el pecho.
COSEGUROS FURIOSOS
No todas son conspiraciones judiciales. Esta semana también hubo algunas anécdotas que son dignas de ser publicadas.
Como el profundo enojo de la diputada y hasta ahora, Encargada del plan PANE, Eugenia Gallardo, por el cobro de coseguros en una reconocida clínica de la capital puntana. Al parecer la legisladora apuntó contra los médicos y tuvo un baño de realidad de lo que acontece a los afiliados de DOSEP todos los días.
Se sabe además, que Gallardo no pasa por sus mejores días. Anunció que dejará de coordinar el PANE, luego de un paso intrascendente que no solo no solucionó los problemas con la calidad de los alimentos y las intoxicaciones en las escuelas, sino el programa se cae en picada y ahora le pasaron la responsabilidad a los padres.
La diputada salió reelecta por arrastre y volverá sin pena ni gloria a la Legislatura, mientras tanto dejó algunos gritos.
EL ALBERTO: EL TEMA PRINCIPAL DEL POGGISMO
Lo niegan con más fuerza que un infiel descubierto, pero en Terrazas no se habla de otra cosa, el Alberto. Pasaron las elecciones, sí, pero la obsesión no se fue.
El exgobernador convoca a la militancia y el eco resuena hasta en el despacho de Poggi. Cada vez que Alberto mueve una ceja, en Terrazas alguien agarra un rosario o llama a Buenos Aires.
Lo curioso (o no tanto) es que los poggistas, que se jactan de estar refundando la provincia, siguen pendientes de una interna que no les pertenece. Parecen más militantes del PJ que muchos pejotistas dormidos. Analizan cada movimiento de Rodríguez Saá como si fuera un parte médico. “¿Se juntó con tal? ¿Habló con cuál?” Mientras tanto, apuntan a sus medios - bancados con millones de pauta oficial - amplifican el operativo desgaste, esperando que alguna frase o foto les dé letra para una semana entera de titulares.
Poggi, que dice haber ganado todo, camina incómodo. El sesgo de poder que logró viene con la factura impaga de dos intendencias clave y un frente interno plagado de deudas políticas.
Encima, no consigue aún encontrar el amor de Milei, a pesar de que está apurando una alianza nacional para ganar algo de tranquilidad de cara a octubre.
En vez de mejorar la calidad de los alimentos y reforzar los controles, la idea es ir descontinuando el plan que se quedará sin su responsable en las próximas semanas.
Se trata de uno de los delfines políticos más cercanos del gobernador que actualmente ejerce como fiscal de Estado. Cuando era secretario en la Cámara Civil de la Tercera Circunscripción, firmó su renuncia anticipada para poder ascender a Defensor de Cámara.
Acusan a la funcionaria de autorizar pagos ilegales, violar la Ley de Carrera Sanitaria y promover contrataciones irregulares en el sistema de salud pública.
Aseguran que los salarios están congelados en el tiempo, desactualizados, y absolutamente desfasados respecto al costo de vida y a la responsabilidad que implica sostener la formación de futuros educadores.
Verónica Acosta fue demonizada en redes y medios nacionales por un “error” que no cometió. Mientras tanto, los verdaderos responsables siguen en silencio y el destino de esos fondos públicos, a días de una elección, sigue sin esclarecerse.
El ajuste cayó sobre los más vulnerables. Despidos, persecución innecesaria y la multiplicación de la pobreza y la indigencia en toda la provincia.
Los rumores son cada vez más fuertes, sobre cambios en la cúpula de la fuerza. Hay presiones desde la Secretaría de Comunicación para que no se filtren los datos y la situación recaiga sobre la ya golpeada gestión de la ministra Nancy Sosa.
Una transferencia de 510 millones "por error" terminó en la cuenta de una mujer humilde, pero la condena social fue para ella, no para el funcionario que la autorizó. Mientras tanto, el gobierno protege al verdadero responsable y monta un show para desviar la atención.
Verónica Acosta fue demonizada en redes y medios nacionales por un “error” que no cometió. Mientras tanto, los verdaderos responsables siguen en silencio y el destino de esos fondos públicos, a días de una elección, sigue sin esclarecerse.
Acusan a la funcionaria de autorizar pagos ilegales, violar la Ley de Carrera Sanitaria y promover contrataciones irregulares en el sistema de salud pública.
Así lo advirtieron distintas plataformas a usuarios y comerciantes. Mientras en otras provincias la tendencia es a eliminar impuestos, en San Luis se suman nuevos.
