Poggi violó la veda electoral con un acto de gobierno en San Martín

Claudio Poggi cruzó una línea grave. No solo desoyó una norma electoral que él mismo impulsó, sino que la vulneró con total premeditación y cinismo. Este jueves, en la localidad de San Martín, encabezó un acto que se presentó como de campaña, pero fue en los hechos un acto de gestión encubierto para apuntalar a Federico Trombotto, el candidato oficialista que no logra despegar.

El hecho no es menor. La Ley XI-1149-2024, sancionada hace apenas unos meses con la excusa de “garantizar la transparencia” en las elecciones provinciales, establece con claridad que durante los siete días previos a los comicios queda prohibida la realización de actos de gobierno o publicidad oficial que puedan inducir el voto. El acto tuvo recursos públicos, presencia de funcionarios, arengas políticas y —aunque no lo admitan— objetivos proselitistas.

Lo escandaloso no es solo la transgresión legal, sino la impunidad con la que se lleva a cabo. Nadie intervino, nadie frenó el atropello. La justicia electoral, por ahora, elige el silencio. Los organismos de control, ausentes. El gobierno juega con las reglas como si fueran plastilina, moldeándolas a conveniencia y rompiéndolas si hace falta.

Poggi convirtió su ley estrella en papel mojado antes de que cumpliera un año. La institucionalidad que tanto pregona terminó reducida a un decorado útil mientras sirva a sus fines electorales

Ni la puesta en escena logró salvarlo, hubo menos de 50 personas, en un despliegue que costó miles. Pero el verdadero costo no es solo institucional, es democrático. Si el gobernador de la provincia se permite violar una ley electoral en plena campaña, ¿qué margen queda para la competencia limpia?

Poggi actúa como si tuviera inmunidad moral. Como si las reglas no fueran para él, sino para los demás. Mientras tanto, su administración acumula denuncias, aprietes, contratos fantasmas, persecuciones y un descontento social creciente. Y cuando la legalidad se convierte en obstáculo, no duda en saltarla.

La pregunta ya no es si el gobernador cometió una infracción, sino si alguien en San Luis está dispuesto a decirle que el poder tiene límites. Porque si nadie lo hace, lo que está en juego no es una elección, es la credibilidad misma del sistema democrático provincial.