ROSCA Y TONGO VOL.28

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En este nuevo número usted podrá observar operaciones, rumores no confirmados y un alto índice de contenido especulativo, producto de la ambición desmedida de los dueños de este sitio. 

ALBERTO EN SAN FRANCISCO 

En San Francisco, Alberto Rodríguez Saá habló desde la convicción y la memoria. Lo hizo con la firmeza de quien conoce cada rincón de la provincia y puede enumerar con precisión las obras, los logros y las políticas que marcaron un antes y un después en la vida de los puntanos. Se refirió a  educación, cultura, del dique Las Palmeras, y también de lo que falta,  cloacas, pavimento, mejoras en el sistema de agua. Siempre desde el compromiso histórico de un proyecto que nunca necesitó destruir para construir.

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La comparación con la gestión actual fue inevitable. Rodríguez Saá no se detuvo en eufemismos. Denunció con nombre y apellido a quienes considera responsables del deterioro que vive San Luis. Claudio Poggi, acusado de haber enterrado los sueños colectivos en un monte de ajuste y abandono; y a Federico Trombotto, señalado por su vinculación con el escándalo de las viandas del PANE, que llegaron en mal estado a los comedores escolares. “Delincuentes, sinvergüenzas, desalmados”, fue la descripción sin filtros. Palabras duras, sí, pero respaldadas por la indignación de una provincia que supo estar entre las más igualitarias del país.

Con su estilo frontal, no solo defendió el legado del justicialismo puntano, sino que expuso sin rodeos la insensibilidad de un gobierno que recorta por abajo mientras algunos hacen negocios con el hambre. Es la voz de una dirigencia que todavía representa una esperanza concreta frente a un presente que duele y un futuro que, sin justicia social, no tiene forma.

EN CASA DE HERRERO, CUCHILLO DE PALO

La inseguridad en San Luis ya no distingue entre vecinos, funcionarios o comunicadores de palacio. Esta vez, los amigos de lo ajeno hicieron su maldad en la casa del mismísimo secretario de Comunicación del gobierno de Claudio Poggi, Diego Masci.

 Un golpe quirúrgico al corazón del relato oficial que insiste en pintar una provincia segura mientras los robos se multiplican como las promesas del oficialismo en campaña. Por supuesto, la primera reacción del poggismo no fue investigar, sino blindar la noticia, como si esconder el delito fuera parte del protocolo de seguridad.

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Mientras tanto, la ministra Nancy Sosa continúa con su reality de operativos, móviles alineados, chalecos bien ajustados y fotógrafos en primera fila. Cada operativo es una postal, cada detención una puesta en escena, cada patrullero una escenografía. Pero la realidad, esa que no entra en la foto, muestra otra cosa, los ciudadanos están desprotegidos y el discurso oficial se cae a pedazos. Ahora ni los funcionarios pueden caminar tranquilos por sus propias casas.

Dicen que entre lo robado hay objetos con "vínculos directos al entorno del gobernador". No aclaran si se refieren a documentos, souvenirs de campaña o algún plan de gobierno extraviado. 

UNA DEVOCIÓN DESORGANIZADA

A pesar de los millones que el gobierno provincial adelantó como coparticipación extraordinaria para sostener la festividad de la Villa de la Quebrada, lo que se vio en el terreno fue un reflejo bastante más terrenal que espiritual: baños colapsados, calles sucias y una logística fallida que dejó en evidencia la distancia entre el relato institucional y la realidad concreta. La peregrinación de fe terminó opacada por la falta de previsión y un operativo municipal que no estuvo a la altura del evento más convocante del año en el interior puntano.

Los comerciantes y artesanos, claves en la dinámica económica de la fiesta, fueron nuevamente los grandes perjudicados. No sólo pagaron montos elevados por las parcelas que les adjudicó el municipio, sino que además debieron enfrentar la falta de conectividad para operar con billeteras virtuales, herramienta esencial en un contexto donde el efectivo escasea. Las pérdidas fueron inevitables, y la bronca, generalizada. Es difícil hablar de tradición y progreso cuando lo básico sigue sin resolverse.

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La gestión de la intendenta Rosita Calderón queda una vez más bajo una sombra que no la cubre, la expone. No faltaron recursos, sí sobró desidia. El tiempo para organizar estuvo, los fondos también, lo que faltó fue voluntad de hacer las cosas bien. La Villa de la Quebrada merece una festividad a la altura de su historia y de su gente, no una postal de abandono maquillada con actos oficiales y sonrisas para la foto.

LA FIESTA QUE PAGAMOS TODOS 

La inauguración del Centro de Monitoreo en Juana Koslay no fue un acto institucional, fue un montaje electoral financiado con recursos públicos. Jorge “Toti” Videla aprovechó el adelanto de mil millones de pesos enviado por Poggi —disfrazado de ayuda financiera— para montar un espectáculo de campaña que incluyó pantallas, luces, escenario y hasta alfombra roja. No fue seguridad lo que se inauguró, fue una puesta en escena para salvar una candidatura que no logra sostenerse. 

Mientras circulaba en redes un video que mostraba una supuesta mansión vinculada al intendente, Videla desplegaba sin pudor los recursos que deberían usarse para mejorar la vida de los koslayenses. Esa coincidencia entre lujo personal y despilfarro público no es casual, es el estilo de una dirigencia que convirtió la política en escenografía. Lo que se presentó como un centro de control ciudadano terminó siendo una postal obscena del uso clientelar del Estado, a plena luz del día y con transmisión en vivo.

La estrategia es clara, Poggi pone la billetera, Videla pone la cara, y entre ambos intentan maquillar con cemento y luces una gestión que no entusiasma a nadie. En vez de listas competitivas, el oficialismo arma espectáculos; en lugar de propuestas, ofrece escenografías. Mientras tanto, el ciudadano financia todo este aparato sin siquiera ser invitado a la fiesta.

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