
Una funcionaria admitió en una grabación que hubo amenazas, aprietes y protección interna en operaciones con dólar oficial. El caso salpica al Banco Central y expone el entramado entre poder financiero, operadores y funcionarios.
Transfuguismo político y aval a la persecución y el desguace del Estado del poggismo, razones para las sanciones.
Actualidad19/08/2024
Redacción
Transfuguismo político, traición a los preceptos básicos del peronismo y respaldo a un Gobierno que persigue ideológicamente a compañeros y aplica un ajuste inédito que desguaza el Estado y perjudica a los puntanos. El Tribunal de Disciplina del PJ de San Luis tuvo en cuenta todas estas razones para determinar la expulsión de los ocho diputados “camaleónicos” que se habían escindido del Frente Unidad Justicialista para conformar un nuevo bloque aliado del poggismo. Por razones similares, se procedió a la suspensión de la afiliación de Maximiliano Frontera, intendente de Villa Mercedes y presidente del Consejo Departamental del Departamento Pedernera.
Los ocho diputados provinciales expulsados del PJ puntano son Humberto Ariel Farías, Aida Beatriz López, Christian Ariel Gurruchaga, Ana Dolly Glellel, Oscar César Macías, Graciela Edith Muñoz, Edgardo Nicolás González Ferro y Carlos Oscar Altamiranda. El Tribunal de Disciplina explicitó, a través de dos resoluciones (fechadas el 16 de agosto), que los legisladores conformaron nuevos bloques opuestos al partido, exhibiendo “una falta absoluta de disciplina y lealtad hacia el PJ”, lo que constituye una “conducta reprochable” contraria a los principios y valores del movimiento.
“Han sostenido y avalan con su voto la persecución de la que han sido y son víctimas los compañeros por parte del Gobierno actual”, reza el escrito, que además recuerda que el proceso de expulsión de los ocho diputados “camaleónicos” fue iniciado a instancias de una solicitud firmada por legisladores justicialistas.
El Tribunal de Disciplina subraya que la Carta Orgánica, en su Artículo 10, determina la obligación para los afiliados de observar los principios políticos, y para el caso de los legisladores, de respetar la plataforma electoral. “Las bases y principios del PJ no son de libre disponibilidad por medio de acciones independientes, ni pueden quedar sujetos a la voluntad individual de ‘los/las compañeros/as’, sin perjuicio de las medidas que puedan y deban tomarse justamente para respetarlos y promoverlos”, advierte el documento.
En relación al comportamiento manifestado por Frontera, el tribunal recordó que “ha ejercido una férrea defensa y justificación de la conducta de todos los legisladores que decidieron actuar encuadrados en lo que se denomina transfuguismo político, conductas claramente contrapuestas con los principios y deberes dispuestos por nuestra Carta Orgánica”.
Además, señala que el intendente de Villa Mercedes “ha instado y persuadido a la ruptura del bloque Justicialista”, y determina que un dirigente de su experiencia política “de ninguna manera puede argumentar desconocer este tipo de acuerdos políticos, que lastiman la voluntad del pueblo y la democracia”.
“La conducta asumida demuestra la falta absoluta de disciplina y lealtad partidaria hacia el PJ”, agrega la resolución.
El proceso sancionatorio tanto para los ocho legisladores como para Frontera contempla la posibilidad de apelación, que deberá concretarse en el término de cinco días hábiles. El Artículo 2 de la resolución N° 3/2024 insta al intendente de Villa Mercedes a “dar las explicaciones que considere en relación a su conducta”.
Antecedente fresco
En octubre de 2023, el diputado Alberto Leyes fue expulsado del Partido Justicialista de San Luis al escindirse del bloque. Fue acusado de vulnerar "principios, valores y banderas".
FUENTE: EL DIARIO DE LA REPÚBLICA

Una funcionaria admitió en una grabación que hubo amenazas, aprietes y protección interna en operaciones con dólar oficial. El caso salpica al Banco Central y expone el entramado entre poder financiero, operadores y funcionarios.

El Consejo Correccional del Servicio Penitenciario, que depende de la ministra, Nancy Sosa, sugirió favorecer la libertad condicional de Diego Ponce. Nueve funcionarios provinciales firmaron el informe que respaldó la decisión judicial. Poggi atacó a la jueza pero ocultó la responsabilidad de su gobierno.

Vecinos de distintos barrios de San Luis volvieron a denunciar agua con barro y cortes. El problema se repite desde el fin de semana y alcanza al norte, oeste, sur y centro.

El calendario de pagos de febrero tendrá demoras para un grupo de jubilados y pensionados. El cambio rompe la rutina de cobro y vuelve a golpear a quienes dependen del haber para llegar a fin de mes.

Javier "Tato" Pereyra, funcionario de la Municipalidad de La Punta, fue denunciado por agredir a una persona en la vía pública. El parte médico certifica lesiones en costillas, hombro, frente y brazos. Vecinos señalan que no es el primer apriete de un integrante del gabinete municipal.

La gestión municipal gastó más de $150 millones en el evento. Difundió que asistieron 40 mil personas mientras medios registraron 20 mil en un predio para 10 mil. El intendente y Poggi fueron recibidos con silbidos y críticas por basura y agua.

Occidente habla de golpe de Estado. Beijing habla de traición. La realidad es más compleja (y más inquietante): China atraviesa una purga profunda en su cúpula militar que expone tensiones internas en el corazón del poder.

El calendario de pagos de febrero tendrá demoras para un grupo de jubilados y pensionados. El cambio rompe la rutina de cobro y vuelve a golpear a quienes dependen del haber para llegar a fin de mes.

Con tasas altas pero inflación persistente, el plazo fijo vuelve a estar en la mira. Invertir $3.000.000 a 30 días deja un interés concreto, aunque el rendimiento real sigue en discusión.

El Consejo Correccional del Servicio Penitenciario, que depende de la ministra, Nancy Sosa, sugirió favorecer la libertad condicional de Diego Ponce. Nueve funcionarios provinciales firmaron el informe que respaldó la decisión judicial. Poggi atacó a la jueza pero ocultó la responsabilidad de su gobierno.

Pascual Celdrán difundió un video acusando al gobierno de hostigar al Poder Judicial y perseguir a funcionarios anteriores. Denunció salarios bajo la pobreza para jueces y fiscales, autopistas destruidas y pauta millonaria para controlar medios.