La esposa de uno de los jefes de prensa de Poggi es jubilada y cobra una locación de $2,5 millones en el Ministerio de Educación
Se trata de Olga Noemí García quien está casada con el periodista Héctor Suarez y presta funciones en la Dirección de Educación Obligatoria.
Actualidad20 de marzo de 2024RedacciónHace días se viralizó un video donde docentes de Villa Mercedes se quebraron frente al gobernador Claudio Poggi y entre lágrimas le pidieron una recomposición salarial urgente.
Esta situación crítica no incluye a todos los educadores de la provincia, como por ejemplo Olga Noemí García quien percibe un millonario sueldo de más de $2,5 millones de pesos en el Ministerio de Educación que conduce Guillermo Araujo, desde el 17 de enero.
La privilegiada funcionaria es esposa de uno de los jefes de prensa del gobernador, el periodista Héctor Suarez. García es docente jubilada, por eso su contratación se hizo a través de una locación de servicios y cumple funciones en la Dirección de Educación Obligatoria.
Se trata de otro caso donde un núcleo familiar percibe sumas millonarias del estado, como ocurre con el clan Endeiza y los Correa, entre otros funcionarios. Atrás quedó el discurso de campaña de Poggi, donde esbozó que “nunca más” iba a haber privilegios para unos pocos en el Estado.
Esta es la segunda oportunidad en la que se filtra uno de los sueldos millonarios que cobran los funcionarios provinciales. Javier Ugarte a cargo del área de Coordinación Juan Martín de Pueyrredón, que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad a cargo de Nancy Sosa, publicó sus frondosos haberes (más de 3 millones) en las redes sociales.
Mientras los empleados públicos resisten el ajuste y ven como se deterioran cada día sus salarios, la fiesta de los millones continúa en Terrazas y de a poco va saliendo a la luz.
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Según la denuncia, estas transacciones podrían configurar delitos como defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles y manipulación del mercado. El texto también pone el foco en la falta de control por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV), planteando interrogantes sobre el rol de los reguladores.
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