MosconiDos efectivos de la Policía de San Luis ingresaron el miércoles a la tarde al predio de la Universidad Nacional de San Luis mientras docentes realizaban una clase pública en reclamo de mejoras salariales. Los agentes, según el comunicado difundido por la Facultad de Ciencias Humanas, solicitaron información sobre las actividades que se desarrollaban y sobre la identidad de quienes participaban.
La unidad académica reaccionó con un pronunciamiento público y calificó el accionar como una violación de la autonomía universitaria. Citó el artículo 31 de la Ley de Educación Superior 24.521, que prohíbe el ingreso de la fuerza pública a instituciones universitarias nacionales sin orden judicial escrita o sin solicitud expresa de la autoridad universitaria competente. Ninguna de las dos condiciones se habría cumplido.
El episodio se enmarca en el conflicto salarial que atraviesa el sistema universitario nacional. En distintas casas de estudio del país, los docentes sostienen clases públicas, asambleas y actividades de visibilización como forma de presión. La jornada en Humanas era parte de ese ciclo de protesta.
El accionar policial en la universidad no es un hecho aislado. Durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial, efectivos bajo el mando de la ministra de Seguridad Nancy Sosa reprimieron a trabajadores que se manifestaban en las afueras del recinto: hubo golpes, empujones y heridos. Aquel episodio quedó sin explicación oficial. Este también.
En la ciudadanía crece una pregunta que el gobierno provincial no responde: por qué la misma Policía que no logra frenar el avance de la inseguridad cotidiana aparece con celeridad frente a trabajadores que reclaman o protestan. La ministra Sosa no se pronunció sobre ninguno de los dos episodios.
La Facultad de Ciencias Humanas advirtió que el hecho se produjo en tiempos en que "la represión y el hostigamiento parecen monedas corrientes". El silencio oficial, otra vez, confirma el diagnóstico.
