La mira está puesta en la ministra Nancy Sosa y su falta de presencia. Además preocupa la creciente ola de robos que golpea en distintas localidades
Provinciales26 de febrero de 2024
Redacción
En las últimas semanas, la provincia de San Luis ha sido sacudida por una serie de eventos trágicos que han dejado al descubierto la fragilidad de la seguridad pública y la inacción de las autoridades gubernamentales. Dos hombres han perdido la vida en circunstancias violentas, uno en la misma capital y otro en Villa Mercedes, evidenciando una creciente preocupación por la seguridad ciudadana en la región.
El asesinato de estas, dos personas, en hechos realmente violentos, no solo ha generado consternación en la población, sino que también ha puesto de manifiesto una ola de robos que azota, sembrando el temor entre los habitantes y afectando profundamente su calidad de vida.
En medio de esta crisis, la figura del gobernador Claudio Poggi ha estado en el centro de la controversia. Hasta la actualidad no ha demostrado liderazgo y soluciones efectivas para abordar los desafíos de seguridad que enfrenta San Luis.
Además, la pasividad de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, ha generado un profundo malestar entre los ciudadanos. Su falta de acción ante la escalada de violencia y la proliferación de delitos en la provincia es preocupante.
La relación con la plana mayor de la Policía tampoco es la mejor. Los manoseos a los oficiales y el affaire con Gendarmería, ha trastocado un trabajo que venía que empezó mal y promete profundizarse.
El exintendente de Potrero de los Funes rompió el silencio y apuntó contra los medios alineados con el oficialismo provincial. Denunció una campaña sucia en su contra y acusó a los candidatos poggistas de esquivar los verdaderos problemas de la localidad.
La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.
El intendente Juan Manuel Olguín dispuso el pago de un bono extraordinario que alcanza a más de 200 familias y moviliza la economía local. La medida contrasta con la pasividad de otros jefes comunales que, alineados con Poggi y Milei, mantienen congelados los salarios municipales.
En la 78° Sociedad Rural de San Luis, el gobernador reaccionó con una grosería ante una corresponsal de Lafinur que le consultó por su relación con José Luis Espert. Lo negó, pese a las fotos y visitas previas, y terminó lanzando una frase irrespetuosa que dejó expuesta su intolerancia.
El Ejecutivo municipal denunció ante el Superior Tribunal de Justicia una maniobra sin precedentes: concejales y funcionarios provinciales presentaron una demanda plagada de citas falsas, fallos inventados y doctrina inexistente.
Denuncian un “plan sistemático” para disciplinar voces críticas: concentración de pauta, represalias y medios fantasma financiados con fondos públicos.
El intendente de La Punta cedió terrenos municipales sin ordenanza, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a los vecinos. El acuerdo con una empresa privada se firmó hace dos años y recién ahora busca la bendición del Concejo Deliberante. La antena se instalaría dentro de la planta potabilizadora de agua, una zona estratégica. En San Luis Capital, un negocio similar fue frenado por el Defensor del Pueblo.
Tras meses de presión, ataques mediáticos y maniobras para romper el Círculo Médico, el gobierno provincial tuvo que retroceder y cerrar un acuerdo. La derrota deja expuestos a Jorge Vergara y Teresa Nigra, debilitados tras un conflicto que golpeó directamente a los afiliados.
La vicepresidenta de la Liga y candidata del oficialismo, enfrenta duras críticas por un millonario emprendimiento privado que alquila sus canchas a la propia institución. Dirigentes denuncian favoritismo, presiones políticas y uso discrecional de recursos.
El intendente de Juana Koslay intentó crear una nueva tasa para financiar el centro de monitoreo, pero la reacción de los vecinos lo obligó a retroceder. La jugada, más política que de gestión, terminó exponiendo el final de una intendencia desgastada.
El exintendente de Potrero de los Funes rompió el silencio y apuntó contra los medios alineados con el oficialismo provincial. Denunció una campaña sucia en su contra y acusó a los candidatos poggistas de esquivar los verdaderos problemas de la localidad.
El proyecto impulsado por el Gobierno provincial obtuvo media sanción en el Senado y generó un fuerte malestar entre los profesionales del derecho. La medida reabre el debate sobre el rol del Colegio de Abogados y la influencia política en la Justicia puntana.
La inscripción masiva para el Centro de Monitoreo en Juana Koslay mostró el rostro más crudo del ajuste: cientos de puntanos peleando por unos pocos puestos. Ni el intendente ni el gobernador logran esconder la falta de trabajo real en la provincia.