Colectivo II: el poggismo alquiló otro vehículo a una comparsa de Villa Mercedes para presionar jueces

El servicio fue contratado directamente a los dueños a través de un empresario de Villa Mercedes. La unidad no tiene habilitación de la CNRT para prestar servicios de transporte y permanecerá frente a Tribunales hasta el viernes, con un costo que supera los dos millones de pesos.
Actualidad17 de marzo de 2026 Franklin Lucero

Por segundo día consecutivo, el poggismo desplegó un colectivo frente al Palacio de Justicia de San Luis en el marco del juicio contra Cintia Ramírez. El vehículo pertenece a una comparsa de Villa Mercedes y fue contratado directamente a su dueño —por un reconocido empresario del sector turístico— a pedido de Diego Masci y Facundo Santarone. El costo supera los 400 mil pesos por día, con servicio con hasta el viernes próximo.

El vehículo no cuenta con habilitación de la CNRT para prestar servicios de transporte. Su estacionamiento prolongado frente a Tribunales generó cuestionamientos directos al intendente Jorge Gastón Hissa, funcionario a cargo de la gestión del espacio público, por permitir que una unidad sin autorización ocupe la vía pública con fines de exhibición política durante varios días.

Según fuentes consultadas por El Mosquito Puntano, la contratación se instrumentó a través de la misma empresa intermediaria que gestionó el alquiler de otra unidad el lunes. "Los paga él  y después lo arreglan directo. Se contratan con chofer y saben que ya tienen liberada la zona por la Municipalidad", precisó una fuente con conocimiento del mecanismo. El empresario involucrado en la tercerización figura entre los proveedores más relevantes del Estado provincial y mantiene vínculos comerciales directos con la SAPEM Servicios.

La participación y el montaje de la escena tiene los mismos protagonistas, el secretario de Comunicación Diego Masci y el contador estrella del poggismo, Facundo Santarone, además de periodistas afines en una operación coordinada. 

El colectivo exhibe el logo de un medio con audiencia marginal. Ningún funcionario del gobierno provincial respondió públicamente sobre el origen del financiamiento ni sobre la presencia de un vehículo sin habilitación frente a la sede judicial. 

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