ROSCA Y TONGO 34

LA PERRA QUE PODRÍA SER MINISTRA 

Gina, la perra policía, acaba de meter un golazo desde mitad de cancha mientras la ministra Nancy Sosa sigue en el vestuario, buscando la salida de emergencia. El operativo en Villa Mercedes, que terminó con una persona detenida y marihuana valuada en 8 millones de pesos incautada, fue aplaudido. Pero no por el accionar político, sino por el olfato de una canina que, a esta altura, ya tiene mejor gestión que su jefa humana. Gina trabaja, detecta, actúa. La ministra, en cambio, se limita a desaparecer cuando más se la necesita, como si su función fuera una versión silenciosa del “No me meto”.

Es que Sosa ya no tiene ni el más mínimo atisbo de control sobre una cartera que se le desarma entre las manos. La interminable interna de la policía continúa a pesar de que el gobierno ha gastado millones en esconderla. 

Y mientras la inseguridad crece como yuyo en ciudad gestionada por Hissa y los escándalos se amontonan, su presencia brilla por la ausencia. En vez de dar explicaciones o anunciar medidas, prefiere el perfil bajo, tanto que ya ni se la ve. La ministra está, pero no se nota, como esos adornos viejos que uno hereda y guarda en el placard para que nadie pregunte de dónde salieron.

La imagen pública de Sosa cae más rápido que el presupuesto en seguridad, y lo más trágico es que su reemplazo simbólico ya tiene nombre y cuatro patas. En redes, el humor popular propuso a Gina como ministra. Y no suena tan descabellado, al menos ella tiene resultados. Lo irónico —y profundamente triste— es que hoy una perra tiene más legitimidad que la funcionaria designada para cuidar a la ciudadanía. El gobierno de Poggi sigue acumulando piezas decorativas mientras los problemas de fondo ni se huelen. Salvo, claro, que los huela Gina.

UN JUEZ MÁS QUE AMIGO

No hay nada como tener un amigo juez cuando el sol empieza a calentar los expedientes. Y si ese juez además sonríe para la foto con la ministra de Seguridad, mejor todavía. Así transcurre el nuevo romance institucional entre Nancy Sosa y el juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul. Tan empalagoso es el vínculo que hasta armaron sesiones de shooting cada vez que se ven, como si la lucha contra el narcotráfico se ganara a fuerza de flashes y no de fallos.

Desde el relato oficial, la dupla Sosa-Nacul es el emblema de la cruzada antidroga. Aunque no haya estadísticas, ni operativos contundentes, ni resultados palpables —más allá de alguna prensa bien acomodada—. Pero lo realmente picante no está en la campaña moralista, sino en la caja fuerte que Nacul resguarda, la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Claudio Poggi. Esa misma que duerme como si la hubiese arropado el mismo juez, mientras el patrimonio del gobernador crece más rápido que su justificación en papeles.

Así el juez tiene prensa, tiene likes y tiene poder. Lo que no sabemos es si todavía tiene independencia. Porque en San Luis, cuando un magistrado se convierte en estrella de la gestión, el espectáculo judicial pierde toda seriedad. Y si la causa Poggi termina en la nada, ya sabremos quién fue el fotógrafo de la impunidad.

EMPUJANDO LA SALUD

En Candelaria, como en casi toda la provincia, ya no hay urgencias, hay carreras de obstáculos. Esta semana, una ambulancia no arrancó y hubo que empujarla. Literalmente. Médicos, enfermeros y vecinos metiéndole el cuerpo al sistema de salud como si fuera una metáfora viviente del gobierno de Claudio Poggi, si no lo empujas, no se mueve. Y si se mueve, hace ruido, huele a quemado y te deja a mitad de camino.

El bochorno fue tan gráfico que ni el mejor vocero oficialista podría meterle Photoshop. Ambulancias que no andan, insumos que no llegan, sueldos que no alcanzan y una obra social, DOSEP, qué más que cobertura ofrece una ruleta rusa de rechazos y esperas eternas. Todo esto en una provincia donde el gobernador prefiere las conferencias TED sobre eficiencia a mirar el aceite del motor de una ambulancia.

Mientras la salud pública se cae a pedazos, la gestión hace como si no pasara nada, aprieta las tuercas del ajuste, niega lo evidente y se toma fotos con discursos que prometen modernidad. Pero la postal real es la de un médico sudando la gota gorda para empujar un vehículo que debería estar salvando vidas y haciendo magia para llegar a fin de mes por su magro sueldo. San Luis, tierra de progreso, si es que hay nafta.

TRÁNSITO PARA NADA LENTO

Según circula en los pasillos de la Municipalidad de San Luis, en la Dirección de Tránsito de San Luis habrían encontrado la forma más rápida de desviar fondos sin necesidad de semáforo en rojo. Mientras la ciudad padece el caos vehicular y la desorganización crónica, puertas adentro se cocina un menú exclusivo de recaudación paralela, que incluye acarreos y cortes de calle cobrados en efectivo, sin ticket ni tasa municipal, directo al bolsillo de una caja chica tan informal como lucrativa. El circuito, según se cuenta internamente, lo manejan con destreza Malvina Orozco, jefa del área, y su pareja Leandro Prado, inspector con suerte extraordinaria, siempre es él quien recibe los servicios “extra”, esos que curiosamente sí se pagan.

No hay control, no hay registro, pero sí hay reparto desigual. La bronca entre los trabajadores crece a la par de las sospechas, todos laburan, pero solo algunos cobran. Y como buen libreto de gestión creativa, la plata que debería entrar al Estado hace escala en otros bolsillos y termina alimentando una estructura interna donde lo público se privatiza entre dos. 

Lo más insólito no es la existencia de esta caja paralela, sino que ya fue utilizada —según los propios empleados— para comprarle una moto nueva a un vecino damnificado, al que le perdieron la original. Un escándalo aplacado con la billetera negra del área, como quien tapa un incendio con nafta. Y en el fondo, como siempre, el que mira para otro lado es Agustín Hissa, el responsable político del área. En Tránsito, el problema no es el embotellamiento, sino que la plata y el poder viajan en contramano.