El acuerdo incluiría la aprobación de un loteo, hacerse cargo de las deudas de una empresa privada y el 5% de las ganancias.
ActualidadAyer
Redacción
El intendente de San Luis, Jorge Gastón Hissa, impulsa la transferencia del Cementerio Parque Los Álamos a la Municipalidad mediante una figura jurídica polémica, una donación con cargos. Sin embargo, documentos a los que accedió El Mosquito revelan que el acuerdo podría encubrir operaciones de alto impacto económico y urbanístico, con beneficios desproporcionados para una empresa privada y costos que recaerían sobre los contribuyentes.
El proyecto de ordenanza presentado por Hissa no solo incluye la transferencia del parque de 12 hectáreas, sino que tiene por detrás la habilitación de un loteo de 20 hectáreas contiguas, propiedad de Los Álamos SRL. Este terreno, según consta en los expedientes, está destinado a un emprendimiento de 600 lotes para un barrio privado. Con un valor aproximado de USD 20.000 por parcela, el negocio ascendería a USD 12 millones. La situación es dudosa, mientras el municipio asumiría la gestión del cementerio, la empresa conservaría derechos sobre el desarrollo inmobiliario, un activo de valor exponencialmente mayor.
Asimismo, la donación conlleva obligaciones financieras críticas. La Municipalidad absorbería deudas contraídas por la empresa privada, un mecanismo similar al que Hissa quiere utilizar con Transpuntano, buscando que el Estado municipal se haga cargo de la deuda de una empresa. Es decir que pretende transferir los riesgos empresariales a las arcas públicas, sin garantías de retorno para los vecinos.
Además, el acuerdo establece que el municipio cubrirá el mantenimiento del cementerio, mientras el actual dueño permanecería en la administración ad honorem, una condición inusual que genera interrogantes. El contrato incluye cláusulas adicionales que refuerzan las sospechas, la empresa recibiría un 5% de las ganancias por venta de nichos bajo gestión municipal, el personal actual del predio pasaría a la nómina pública, y tampoco existen estudios públicos sobre cómo el barrio privado afectará la infraestructura, el tránsito o los servicios en la zona.
Algo que se está tratando por detrás con los pedidos de factibilidad reiterados que elevó la empresa a la comuna y que están teniendo curso.
También, el caso presenta un hecho relevante, Ana María Teruel, quien lideró las negociaciones por parte de la Municipalidad, asumió como concejal oficialista justo cuando el proyecto de ordenanza llegó al Concejo Deliberante. Esta superposición de roles —negociadora privada y luego votante de la norma— podría configurar un conflicto de interés, según analistas jurídicos. Hissa no ha explicado esta circunstancia, ni ha detallado cómo se garantizará la transparencia en la aprobación del loteo.
La actual gestión municipal acumula antecedentes de acuerdos cuestionados, desde contratos directos por millones de pesos con empresas allegadas, hasta el pago de sobresueldos a sus propios funcionarios.
En este contexto, la falta de información sobre los accionistas de Los Álamos SRL y los términos exactos de la deuda que asumiría el municipio alimentan la desconfianza. Las cifras exponen una ecuación ilógica, la ciudad recibiría un cementerio valuado en USD 2 millones, pero respaldaría un negocio inmobiliario de USD 12 millones y cargaría con deudas ajenas. La pregunta que queda flotando es simple pero incómoda ¿Quién paga y quién gana realmente en este negocio?
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