Redacción
El intendente de La Punta, Luciano Ayala, rompió el molde al decir lo que otros jefes comunales prefieren callar: sin apoyo del gobierno provincial, los municipios no pueden hacer frente a un bono de fin de año.
En un audio filtrado, Ayala dejó claro que el anuncio de Claudio Poggi, celebrado como una jugada política para ganar puntos con los estatales, deja a los intendentes en un lugar incómodo. "El anuncio que haga el gobernador es problema del gobernador. Si yo tengo plata lo pago, y si no, no lo pago", sentenció, poniendo en evidencia la brecha entre los anuncios mediáticos del gobernador y la realidad económica de los municipios.
La austeridad que pregona Poggi desde que asumió parece ser una carga pesada para los municipios, que ahora deben enfrentar las expectativas de sus trabajadores sin los recursos para cumplirlas. La situación de Ayala no es única. La mayoría de los intendentes están atrapados entre la espada y la pared, con sus trabajadores por un lado, y con su jefe político, por el otro.
En La Punta, este escenario es particularmente complejo. Aunque Ayala aprobó aumentos salariales, las críticas no tardaron en llegar porque esos incrementos beneficiaron más a los funcionarios que a los trabajadores. Y las sumas para los trabajadores no llegaron a superar el límite de los índices de pobreza e indigencia.
Ahora, con la negativa al bono, el desgaste político es evidente, pero al menos Ayala puso sobre la mesa la hipocresía del sistema: los anuncios de Poggi no contemplan el impacto que generan en las economías municipales.
La tensión entre los municipios y el gobierno provincial no es nueva, pero este episodio subraya un patrón: Poggi anuncia, los intendentes pagan el costo político. La austeridad sigue siendo el mantra oficial, pero los trabajadores municipales —muchos de ellos aún por debajo de la línea de pobreza— son quienes terminan soportando el peso de esta política.
