
Mientras Moriñigo le pega a Milei por el presupuesto universitario, en San Luis armó un evento con lujos y vuelos privados con el aval del gobierno de Poggi.
En un audio que se viralizó en redes sociales, el intendente de La Punta dijo que no tiene los recursos para otorgar un plus salarial. La situación se replica en todas las intendencias que quedaron en evidencia luego de los anuncios de Poggi.
Actualidad03 de diciembre de 2024El intendente de La Punta, Luciano Ayala, rompió el molde al decir lo que otros jefes comunales prefieren callar: sin apoyo del gobierno provincial, los municipios no pueden hacer frente a un bono de fin de año.
En un audio filtrado, Ayala dejó claro que el anuncio de Claudio Poggi, celebrado como una jugada política para ganar puntos con los estatales, deja a los intendentes en un lugar incómodo. "El anuncio que haga el gobernador es problema del gobernador. Si yo tengo plata lo pago, y si no, no lo pago", sentenció, poniendo en evidencia la brecha entre los anuncios mediáticos del gobernador y la realidad económica de los municipios.
La austeridad que pregona Poggi desde que asumió parece ser una carga pesada para los municipios, que ahora deben enfrentar las expectativas de sus trabajadores sin los recursos para cumplirlas. La situación de Ayala no es única. La mayoría de los intendentes están atrapados entre la espada y la pared, con sus trabajadores por un lado, y con su jefe político, por el otro.
En La Punta, este escenario es particularmente complejo. Aunque Ayala aprobó aumentos salariales, las críticas no tardaron en llegar porque esos incrementos beneficiaron más a los funcionarios que a los trabajadores. Y las sumas para los trabajadores no llegaron a superar el límite de los índices de pobreza e indigencia.
Ahora, con la negativa al bono, el desgaste político es evidente, pero al menos Ayala puso sobre la mesa la hipocresía del sistema: los anuncios de Poggi no contemplan el impacto que generan en las economías municipales.
La tensión entre los municipios y el gobierno provincial no es nueva, pero este episodio subraya un patrón: Poggi anuncia, los intendentes pagan el costo político. La austeridad sigue siendo el mantra oficial, pero los trabajadores municipales —muchos de ellos aún por debajo de la línea de pobreza— son quienes terminan soportando el peso de esta política.
Mientras Moriñigo le pega a Milei por el presupuesto universitario, en San Luis armó un evento con lujos y vuelos privados con el aval del gobierno de Poggi.
A 20 días de las elecciones, volverán a anotar gente como ya hizo el gobernador en otras elecciones. No hubo anuncios salariales, ni de obras de importancia.
El gobierno aumentó la partida para el PANE. Además, politiza las escuelas mandando funcionarios a “controlar”, generando malestar entre docentes y trabajadores.
El gobierno de Claudio Poggi atraviesa su momento de mayor tensión política, y la razón tiene nombre y apellido: Alberto Rodríguez Saá.
Asegura que su gestión repavimentó más de 100 calles, pero en la realidad los vecinos dicen no verlas. Denuncian accidentes por los baches y se multiplican las críticas en las redes sociales.
En una de las reuniones de gabinete más calientes, el gobernador advirtió que Rodríguez Saá todavía tiene poder y pone nerviosa a toda la gestión.
Insólito e increíble. Eugenia Gallardo dijo en el canal oficial que el gobernador la nombró luego de mandarle algunos tips sobre el plan. Docentes y padres preocupados por la improvisación estatal.
En una de las reuniones de gabinete más calientes, el gobernador advirtió que Rodríguez Saá todavía tiene poder y pone nerviosa a toda la gestión.
El gobierno aumentó la partida para el PANE. Además, politiza las escuelas mandando funcionarios a “controlar”, generando malestar entre docentes y trabajadores.
A 20 días de las elecciones, volverán a anotar gente como ya hizo el gobernador en otras elecciones. No hubo anuncios salariales, ni de obras de importancia.
Mientras Moriñigo le pega a Milei por el presupuesto universitario, en San Luis armó un evento con lujos y vuelos privados con el aval del gobierno de Poggi.