Tensión en el foro jurídico por la reducción de la Feria Judicial y la interna en el Colegio de Abogados
La media sanción del proyecto que reduce la Feria Judicial volvió a exponer la tensión entre el Gobierno provincial y el foro jurídico de San Luis. La iniciativa, presentada por el oficialismo como una medida de “modernización”, fue aprobada con rapidez en el Senado, pero encontró resistencia entre los abogados, que advierten que el cambio no resuelve los problemas estructurales del sistema judicial.
El Colegio de Abogados convocó a una reunión extraordinaria para este viernes 31 de octubre, con el objetivo de fijar una posición institucional frente a la reforma. El encuentro se anticipa conflictivo: puertas adentro, el debate sobre la reducción de la feria reavivó una fuerte interna dentro del propio Colegio, hoy conducido por referentes cercanos al gobernador Claudio Poggi.
Poggi ya logró hacerse con la conducción del organismo y colocar dirigentes afines. Sin embargo, la aprobación del proyecto en la Legislatura generó fisuras internas y cuestionamientos por parte de un sector que considera que la medida afecta directamente el ejercicio profesional y no contribuye a mejorar la prestación de justicia.
Entre las voces críticas se encuentra la de la abogada Claudia Rocha, quien en un artículo reciente, publicado en La GACETA DIGITAL, sostuvo que la mora judicial “no se soluciona acortando la feria” y que la iniciativa perjudica sobre todo a los estudios pequeños y a los jóvenes profesionales. Según Rocha, el problema radica en la estructura del Poder Judicial, en los tiempos de despacho y en la falta de recursos humanos, no en los períodos de receso.
A contramano del discurso oficial, la denominada “reforma judicial” se limita a intervenir en los plazos de descanso de los abogados, sin modificar la organización interna de los tribunales ni los mecanismos que generan demoras. Desde distintos sectores del foro coinciden en que se trata de una medida simbólica, más orientada a mostrar gestión que a resolver los verdaderos déficits del sistema.
En paralelo, trascendió que los integrantes del Departamento de Ética del Colegio evalúan solicitar una posición pública a los legisladores oficialistas que son abogados de profesión. El planteo busca que se pronuncien sobre una norma que impacta directamente en la práctica profesional y en la independencia del foro.
A casi dos años de gestión, el Gobierno provincial no ha concretado los cambios estructurales que prometió en materia judicial. La reducción de la Feria aparece como el único movimiento visible, aunque sin efectos concretos sobre el funcionamiento del sistema. Para muchos, se trata de otra medida de alto impacto político y bajo contenido técnico, que deja en evidencia el avance del Ejecutivo sobre los ámbitos institucionales de la Justicia.