Juicio a Ramírez, día 3: Rodríguez Saá explicó que "se cumplieron todos los controles legales" en la compra del colectivo para San Luis FC
Alberto Rodríguez Saá declaró este miércoles ante el tribunal oral que juzga a Cintia Ramírez, ex secretaria de Deportes, acusada por la supuesta compra irregular de un colectivo destinado al club San Luis Fútbol Club. En más de dos horas de testimonio, el ex mandatario sostuvo haber tenido "absoluto conocimiento y absoluta responsabilidad" sobre la operación y afirmó que Ramírez se excusó y no intervino en la adquisición del vehículo. La declaración fue la más esperada del debate oral y resultó, por su contenido y su tono, la más determinante hasta ahora.
Rodríguez Saá explicó que ordenó confeccionar el expediente después de escuchar a la capitana del equipo femenino, que había pedido un colectivo para participar del torneo de la AFA. "Di la orden de que hagan el expediente para dar el dinero con un destino específico y todo se hizo con los controles legales", declaró ante el tribunal. Enumeró los organismos de control involucrados en cualquier erogación de la Secretaría: Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Ministerio de Hacienda. "Era imposible que saliera dinero de la Secretaría sin todo ese proceso burocrático", remarcó, dejando en evidencia que la compra cuestionada no pudo haberse realizado al margen del Estado.
Sobre la imputada, fue taxativo, Ramírez, en su doble rol de secretaria de Deportes y presidenta de San Luis FC, se excusó y quedó fuera del proceso de compra. "No es un delito y estoy orgulloso de los logros de San Luis FC", afirmó al responder el planteo de la defensa. Además, puso la operación en contexto, "Todos los clubes han recibido ayuda, muchos de ellos en una cantidad mayor a lo otorgado a San Luis Fútbol Club, sin haber alcanzado los resultados de las chicas del fútbol femenino", señaló, en referencia al ascenso del equipo a primera división en 2023.
El fiscal de Estado suplente, su debut y su fracaso
El fiscal de Estado suplente Rafael Berruezo asistió por primera vez a una audiencia del juicio —hasta entonces había enviado a su representante Santiago Salomón Calderón— y su debut no fue precisamente discreto. Intentó suspender la declaración argumentando que el ex gobernador se "autoincriminaba" en un presunto delito de defraudación. El tribunal, integrado por Fernando de Viana, Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zavala Chacur, rechazó el planteo tras deliberar y dejó continuar el testimonio. También pidió que se respetara a los integrantes de la acusación cuando Rodríguez Saá se refirió a ellos, con tono afectuoso, como "los chicos". Tras esas dos intervenciones, su presencia pasó inadvertida.
Berruezo es, junto a Ricardo Bazla —secretario de Ética pública que será indagado el 25 de marzo por la desaparición de una cosecha de maíz en un campo expropiado en el Departamento Dupuy—, uno de los impulsores de esta causa. Que ambos sean los motores del juicio contra Ramírez, mientras uno de ellos acumula una imputación propia por defraudación contra la administración pública, instala una pregunta legítima sobre los criterios selectivos de la persecución penal en San Luis.
Una declaración que cambia el peso del proceso
Rodríguez Saá llegó a Tribunales antes de las 11 y se retiró pasadas las 14. En ambas ocasiones fue rodeado por periodistas y recibido con muestras de apoyo por parte de simpatizantes. Su presencia puso visiblemente nerviosos a la fiscalía y la querella; el propio Berruezo intentó en varias oportunidades frenar la declaración sin que el tribunal le diera lugar.
El testimonio deja a la acusación con un problema estructural, el hombre que tomó la decisión política de comprar el colectivo lo dijo en sala, bajo juramento, ante tres jueces, y describió con detalle el funcionamiento institucional que rodeó esa compra.