
Municipales de San Luis inician medidas de fuerza por salarios de pobreza
Reclaman recomposición urgente, recategorizaciones y condiciones dignas, en un escenario donde el Ejecutivo municipal se niega a abrir el diálogo.

Reclaman recomposición urgente, recategorizaciones y condiciones dignas, en un escenario donde el Ejecutivo municipal se niega a abrir el diálogo.

Cuando las manifestaciones llegaron a Terrazas del Portezuelo, el gobierno accedió a las demandas de los vecinos del barrio La Vecindad, que reclamaban acceso a la electricidad.

Solicitaron recomposiciones salariales urgentes y rechazaron el desbloqueo del título. También alertaron por el desabastecimiento de hospitales.

Hubo marchas en San Luis y Villa Mercedes. La medida incluye cese de actividades durante dos horas diarias.

En varios videos que se viralizaron en las redes sociales, se ve como el líder de Obras Sanitarias llegó a Serba a intentar frenar las medidas de fuerza.


Además reclaman la reincorporación del personal despedido y la entrega de indumentaria, entre otros temas.

La salida de Andrés "Pocho" Heredia sacude el núcleo duro del intendente, al ser uno de las personas más cercanas. Denuncias y los constantes desmanejos habrían sido el motivo de la dimisión que aún no fue confirmada oficialmente.

Al intentar despegarse de los escándalos, la presidenta de la Liga deslizó que impedir la llegada de un club a una final “es muy fácil”. Lejos de aclarar, abrió una grieta más profunda.

El reconocimiento se realizó durante la última sesión ordinaria y fue avalado por la presidencia que encabeza Alberto Leyes y el vice gobernador Ricardo Endeiza. El gasto contrasta con el discurso de austeridad que el oficialismo sostiene frente a trabajadores y sectores vulnerables.

La gestión de Jorge Gastón Hissa vuelve a perder funcionarios en el área que administra los fondos municipales. La salida se suma a una secuencia que expone inestabilidad y dudas sobre el manejo de los recursos.

Se trata de Mario Zabala, esposo de la ministra de Salud del gobierno, Teresa Nigra y Sergio Freixes. Con la resolución del máximo tribunal, los condenados deberán ser detenidos para cumplir la pena efectiva de 6 años.