Hissa gasta más de $70 millones por semana en el alquiler de camiones para recolección, pero la ciudad está cada vez peor

La gestión del intendente de San Luis, Gastón Hissa, está en el ojo de la tormenta debido al escandaloso gasto millonario en alquileres de camiones para la limpieza de la ciudad, sin que se observen mejoras tangibles en la higiene urbana. Con una inversión aproximada de $75 millones por semana en la contratación de vehículos y choferes para jornadas de 12 horas diarias, surgen preguntas urgentes: ¿Dónde están esos fondos y quién controla la calidad del servicio que estas empresas deberían prestar?

Esta semana, empresarios de San Luis, denunciaron que existe un mecanismo que parece estar diseñado para facilitar la adjudicación de contratos a empresas cercanas al entorno del intendente, sin experiencia en el rubro y con ofertas que superan ampliamente en montos a las de otros proveedores desestimados.

Según información que presentaron los empresarios y la propia interna de la Municipalidad, la gestión de Hissa alquila cinco camiones de recolección provenientes de Córdoba y Mendoza, con choferes y corredores que cobran aproximadamente $3.500 por hora de trabajo, mientras que a los dueños de los camiones se les abona hasta $35.000 por hora. En el caso de los camiones bateas, los costos de alquiler oscilan entre $50.000 y $90.000 por hora.

De acuerdo a esto datos, la Comuna gastaría cerca de $70 millones de pesos semanales en el cuantioso alquiler de estos vehículos. 

Sin embargo, a pesar de estas cifras descomunales, la realidad en las calles de San Luis es desoladora. Los barrios están cada vez más sucios, proliferan basurales a cielo abierto y el centro de la ciudad está colapsado por la acumulación de desechos. Todo indica que la gestión de la basura se ha convertido en un lucrativo negocio para unos pocos, mientras la ciudad sigue sumida en el abandono y los ciudadanos se ven obligados a lidiar con un ambiente insalubre.

El viernes pasado, varios integrantes de la Secretaría de Hacienda renunciaron por desmanejos en las contrataciones y las finanzas públicas. Esta situación pone en evidencia la falta de transparencia en la administración de los recursos públicos, una cuestión que se agrava con la revelación de que Fabiana Malamud, secretaria General del Municipio, ha armado un esquema paralelo encargado de "acomodar" estas acciones poco claras, con contadores contratados con locaciones en el Municipio. 

Un dato a tener en cuenta es que, mientras empresas cobran millones, los empleados municipales que realizan las tareas diarias junto a trabajadores del Plan de Inclusión, solo recibieron $20 mil pesos de aumento. Una magra cifra que podría detonar distintas manifestaciones y medidas de fuerza, según se conoció en las últimas horas. 

Otro punto clave es que ninguna de estas contrataciones figuran publicadas en el Boletín Oficial, lo que acrecienta las sospechas sobre una posible malversación de fondos.