
La gestión municipal convirtió una política pública en ruinas y ahora la publicita como “plan integral”. No hay épica donde hubo desmantelamiento.

En la provincia de San Luis, el rol de la comunicación gubernamental debería ser claro: servir como un puente transparente entre el gobierno y la ciudadanía, facilitando la difusión de información relevante y promoviendo el diálogo democrático. Sin embargo, bajo la gestión del secretario de Comunicación, Diego Masci, los medios públicos han sido convertidos en herramientas de persecución política y censura, sirviendo más como un arma de intimidación que como un servicio para los ciudadanos.
Masci ha demostrado un patrón alarmante de utilizar los recursos públicos, incluyendo la agencia de noticias gubernamental y el canal público, para acosar a políticos de la oposición y ex funcionarios. Este comportamiento es claramente una forma de violencia política, financiada con los impuestos de los puntanos, sin distinción de su preferencia política.
El modus operandi de Masci se asemeja más al de un matón político que al de un servidor público. Utiliza la maquinaria estatal para atacar a aquellos que discrepan con el gobierno, cercenando su derecho a expresarse libremente y manipulando la narrativa pública en su propio beneficio. Esto no solo erosiona la confianza en las instituciones democráticas, sino que también crea un ambiente de miedo y represión que sofoca cualquier forma de disidencia.
Es especialmente preocupante que los medios públicos, que deberían ser un reflejo imparcial de la realidad, se hayan convertido en una suerte de tribunal paralelo, donde se juzga y condena a personas sin debido proceso. Esta práctica pone en peligro los pilares fundamentales de la democracia.
También resulta curiosa la posición de Masci, el mismo que se victimizaba y exigía “libertad de expresión”, algo que ahora, desde el poder, no pone en práctica. Este doble estándar evidencia una especie de oportunismo político y el interés partidista.
El periodismo de San Luis es otro factor importante. Diversos comunicadores han manifestado su repudio a algunos actos de Masci, como borrar mensajes en el grupo de whats app o darle notas solo a los periodistas afines. Esta versión patoteril también se dedicó a difundir irónicamente, la pauta que algunos medios tenían en la gestión anterior, aunque no comenta nada sobre los millones que van a parar para el conglomerado poggista formado por: Todo un País, Radio Dimensión, Info San Luis, El Puntano y El Chorrillero.
Hasta dónde llegará el patoterismo o la comunicación de San Luis y/o los periodistas "serán libres", como prometió el gobernador Poggi.

La gestión municipal convirtió una política pública en ruinas y ahora la publicita como “plan integral”. No hay épica donde hubo desmantelamiento.

Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.

La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.

El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.

Un grupo de integrantes de la Cámara de Comercio se reunieron con Jorge Gastón Hissa y lo responsabilizaron por el caos que generó la proliferación de manteros. Aunque agradecieron la convocatoria, aseguran que las soluciones que ahora propone ya existían en la gestión anterior y que el intendente sólo reacciona mirando el calendario electoral.

La bancada opositora busca suprimir el requisito impuesto por el Ejecutivo, al que señalan como ilegal y responsable de trabar la renovación del carnet a cientos de vecinos. El dictamen en minoría apunta a restituir los criterios de la Ley Nacional de Tránsito.

Mientras la gestión navega entre anuncios inflados y resultados escasos, la comunicación oficial intenta convertir encuentros administrativos en gestas históricas. La maquinaria propagandística crece, pero la credibilidad se achica.

Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.

Decretos firmados el 17 de septiembre readecuaron los sueldos de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que conduce Néstor Ordoñez. Mientras los estatales continúan muy por debajo de la canasta básica alimentaria.

Un grupo de integrantes de la Cámara de Comercio se reunieron con Jorge Gastón Hissa y lo responsabilizaron por el caos que generó la proliferación de manteros. Aunque agradecieron la convocatoria, aseguran que las soluciones que ahora propone ya existían en la gestión anterior y que el intendente sólo reacciona mirando el calendario electoral.

Del Profe Aedes

Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.

La gestión municipal convirtió una política pública en ruinas y ahora la publicita como “plan integral”. No hay épica donde hubo desmantelamiento.