En la provincia de San Luis, el rol de la comunicación gubernamental debería ser claro: servir como un puente transparente entre el gobierno y la ciudadanía, facilitando la difusión de información relevante y promoviendo el diálogo democrático. Sin embargo, bajo la gestión del secretario de Comunicación, Diego Masci, los medios públicos han sido convertidos en herramientas de persecución política y censura, sirviendo más como un arma de intimidación que como un servicio para los ciudadanos.
Masci ha demostrado un patrón alarmante de utilizar los recursos públicos, incluyendo la agencia de noticias gubernamental y el canal público, para acosar a políticos de la oposición y ex funcionarios. Este comportamiento es claramente una forma de violencia política, financiada con los impuestos de los puntanos, sin distinción de su preferencia política.
El modus operandi de Masci se asemeja más al de un matón político que al de un servidor público. Utiliza la maquinaria estatal para atacar a aquellos que discrepan con el gobierno, cercenando su derecho a expresarse libremente y manipulando la narrativa pública en su propio beneficio. Esto no solo erosiona la confianza en las instituciones democráticas, sino que también crea un ambiente de miedo y represión que sofoca cualquier forma de disidencia.
Es especialmente preocupante que los medios públicos, que deberían ser un reflejo imparcial de la realidad, se hayan convertido en una suerte de tribunal paralelo, donde se juzga y condena a personas sin debido proceso. Esta práctica pone en peligro los pilares fundamentales de la democracia.
También resulta curiosa la posición de Masci, el mismo que se victimizaba y exigía “libertad de expresión”, algo que ahora, desde el poder, no pone en práctica. Este doble estándar evidencia una especie de oportunismo político y el interés partidista.
El periodismo de San Luis es otro factor importante. Diversos comunicadores han manifestado su repudio a algunos actos de Masci, como borrar mensajes en el grupo de whats app o darle notas solo a los periodistas afines. Esta versión patoteril también se dedicó a difundir irónicamente, la pauta que algunos medios tenían en la gestión anterior, aunque no comenta nada sobre los millones que van a parar para el conglomerado poggista formado por: Todo un País, Radio Dimensión, Info San Luis, El Puntano y El Chorrillero.
Hasta dónde llegará el patoterismo o la comunicación de San Luis y/o los periodistas "serán libres", como prometió el gobernador Poggi.
Tras los nuevos datos de inflación provincial, el gremio reclamó que el aumento del 5% otorgado por la gestión Poggi es insuficiente y denunció una crisis salarial que golpea a estatales, municipales y beneficiarios del Plan de Inclusión.
La lista de casi 3.000 inscriptos incluyó a dirigentes del oficialismo y familiares del intendente con licencia. La comunidad denuncia que su participación desplaza a familias que realmente necesitan una vivienda.
Otro capitulo de un resumen político más gastado que las estrategias comunicacionales del gobierno de Poggi. Todo lo volcado en estas actas carece de rigor científico y apela a meras cuestiones metafísicas y/o brujería.
La presidenta, Laura Sánchez, fue reelecta únicamente por la mayoría oficialista, sin el respaldo pleno de su propio bloque. La sesión expuso el deterioro institucional y la interna que impulsa el intendente Hissa.
La ciudad tuvo que atravesar dos sesiones frustradas, peleas internas y un concejal que no apareció, para que finalmente quedó conformado el nuevo Concejo Deliberante. El inicio legislativo ya deja a la vista la fragilidad política del intendente Luciano Ayala.
El gobernador confirmó públicamente que el senador electo por San Martín no ocupará la banca. La maniobra deja expuesta una estrategia electoral que vacía la representación departamental.
El intendente se autoelogió en medio de una gestión marcada por fallas estructurales en agua, cloacas, limpieza y un permanente desconcierto político. Su lectura contrasta con el humor social y con un gabinete que no logra sostener.
Mientras la ministra Nancy Sosa celebraba en el acto oficial, una familia llegó a su nueva casa y encontró la puerta forzada, todo revuelto y un silencio oficial que no explica por qué la inseguridad avanza sobre los propios beneficiarios del plan habitacional.
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La compra de los aviones a Dinamarca marcó la gestión de Luis Petri y -más allá de la poco clara utilidad de las aeronaves, los recursos necesarios para su mantenimiento y la antigüedad que acarrean-, lo más escandaloso no se supo hasta ahora: al frente del Programa de los F16 están dos ex generales chilenos, representantes de una empresa privada de logística militar. ¿Hay riesgo para la soberanía nacional?
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