Papelón: La Villa Deportiva quiso cobrarle a dos personas con discapacidad para rehabilitarse en sus instalaciones

La Fundación Pappo Balague denunció un grave hecho de discriminación ocurrido el 17 de enero de 2026 en la Villa Deportiva de la Provincia de San Luis, un espacio que depende del Estado provincial. Según el comunicado difundido por la organización, dos personas usuarias de silla de ruedas fueron impedidas de ingresar gratuitamente a una cancha de básquet donde realizaban una actividad vinculada a su proceso de rehabilitación.

Las personas asistían acompañadas por su kinesiólogo tratante, responsable del seguimiento profesional de su recuperación. Sin embargo, al intentar utilizar las instalaciones, se les informó que el uso de las canchas solo era posible mediante el pago de un alquiler, negándoles así el acceso a un espacio público y estatal.

Desde la Fundación advirtieron que el hecho no puede ser considerado un error administrativo ni una situación aislada. “Se trata de una vulneración concreta de derechos que afecta la dignidad, la igualdad y el acceso a espacios públicos de personas con discapacidad”, señalaron.

La Villa Deportiva depende de la Secretaría de Deportes de la Provincia, a cargo de Adelaida Muñiz, y fue concebida durante la gestión anterior como un espacio de acceso comunitario, orientado al deporte social, la inclusión y el uso libre por parte de la ciudadanía. Ese espíritu, señalan distintas organizaciones, se encuentra hoy desdibujado por una política de cobros que funciona como barrera de ingreso.

El episodio pone bajo la lupa la gestión de Muñiz, que en los hechos avanzó hacia una virtual privatización del predio, donde el criterio económico prima incluso por sobre situaciones de vulnerabilidad. La pregunta que queda abierta es simple: ¿para quién está pensada hoy la Villa Deportiva?

La Constitución, las leyes de discapacidad y los principios básicos de derechos humanos obligan al Estado a garantizar el acceso pleno a espacios públicos, especialmente a personas en situación de mayor vulnerabilidad. Cobrar por rehabilitarse en un predio estatal no solo contradice esos principios, sino que vacía de contenido cualquier discurso oficial sobre inclusión.

Hasta el momento, el Ministerio de Deportes no dio explicaciones públicas sobre lo ocurrido ni informó si se revisarán los criterios de cobro en la Villa Deportiva.