Lavalle
La Ley de Inocencia Fiscal (sancionada como parte del marco legal de 2026 y promovida por el Gobierno nacional) introduce cambios profundos en el régimen fiscal argentino, con impacto directo en la forma en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) abordará la detección y sanción de incumplimientos tributarios antes de que el régimen entre formalmente en vigencia.
Uno de los pilares de la norma es el principio de presunción de inocencia fiscal, que plantea que los contribuyentes deben ser considerados cumplidores salvo que se demuestre lo contrario, evitando que la simple divergencia entre datos fiscales y consumos sea interpretada como evasión sin evidencia clara. Esto modifica la lógica de control y sanción que ARCA aplicaba hasta ahora.
La ley eleva significativamente los umbrales que determinan cuándo una infracción tributaria se considera delito penal, adaptándolos a la realidad económica actual tras años sin actualización. Por ejemplo, la evasión simple (antes punible desde alrededor de $1,5 millones) ahora solo será delito desde $100 millones, y la evasión agravada (que antes podía activarse desde $15 millones) pasa a $1.000 millones o más, según el tipo de figura penal.
Además, se crea un régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias que busca ofrecer al contribuyente una declaración jurada pre‑establecida por ARCA, con efecto liberatorio de pago si es aceptada, lo que supone una presunción de exactitud de las declaraciones anteriores de ese mismo periodo fiscal. Esto implica que, si el contribuyente adhiere y cumple, su situación queda formalmente cubierta sin que ARCA pueda exigir pruebas de fondos o consumo en exceso sin evidencia sólida.
La norma también introduce mecanismos más favorables para la regularización voluntaria de deudas tributarias: ARCA no formulará denuncia penal si el contribuyente regulariza el capital y los intereses antes de una denuncia formal, y, si la acción penal ya se inició, podrá extinguirse si se paga capital, intereses y un multa adicional dentro de los plazos establecidos.
Otro de los cambios anticipados por ARCA es que ya no habrá denuncias automáticas por diferencias técnicas o errores formales, sino que se priorizarán casos con evidencia clara de incumplimiento deliberado, reduciendo la litigiosidad por cuestiones menores.
La norma también contempla la reducción del plazo de prescripción para la determinación de obligaciones tributarias, de cinco a tres años, siempre que el contribuyente haya presentado declaraciones en tiempo y forma, y refuerza la regularización sin sanción penal para quienes cumplan voluntariamente.
