Redacción
Este lunes, el Concejo Deliberante de La Punta aprobó las vacaciones del intendente Luciano Ayala. El visto bueno llegó únicamente gracias a los votos de los concejales oficialistas Mario Gil y Roxana Oros. Como si fuera poco, en la misma sesión se avaló un tarifazo que promete hundir aún más los bolsillos de los vecinos de esta localidad serrana.
Desde el comienzo, todo olía a maniobra. El pedido de sesiones extraordinarias estaba tan mal fundamentado que ni un principiante en derecho administrativo lo hubiera redactado peor. Ninguna justificación real, ningún interés público a la vista. Solo la premura de Ayala por asegurar sus días de descanso. Para el intendente, la urgencia no era otra cosa que un boleto de salida, probablemente con destino al extranjero, mientras los vecinos enfrentan un fin de año con la ciudad al borde del caos.
La oposición no tuvo mejor suerte. Sus mociones fueron ignoradas con la elegancia de un portazo, y las reglas del juego democrático parecieron un mero decorado. Ni siquiera se les consultó formalmente el sentido de su voto, aunque ya habían anticipado su abstención. Este detalle no menor constituye una falta flagrante en la voluntad del cuerpo deliberativo, dejando abierta una peligrosa ventana legal a futuro.
Pero el circo no terminó ahí. Los cuatro expedientes se aprobaron con apenas dos votos, ignorando cualquier pretensión de consenso. Así, entre gallos y medianoche, Ayala no solo logró su ansiada escapada, sino también la imposición de un tarifazo.
Mientras el intendente se alista para sus vacaciones, los vecinos de La Punta enfrentan un panorama desolador. Servicios municipales precarios, tasas por las nubes y un 2025 que empieza con la sensación de que las prioridades del Municipio están, literalmente, en otro lado.
