El anuncio, más simbólico que real, vuelve a enfrentar al libertario con el gobernador de San Luis. La batalla por el relato y el cariño de Milei.
Actualidad07 de noviembre de 2024
Redacción
El senador Bartolo Abdala anunció esta semana que el gobierno nacional repavimentará un tramo de la avenida Santos Ortiz. Lo hizo en medio de la interna que mantiene con el gobernador Claudio Poggi por la llegada a Javier Milei.
Sin embargo, el anuncio, limitado a un tramo breve, parece más un símbolo de gestiones que una respuesta de fondo al deterioro que afecta a esta arteria y a otras rutas provinciales descuidadas.
Para Poggi, esta obra habría sido la oportunidad perfecta para reforzar su acercamiento al gobierno de Javier Milei, con quien busca una alineación que le asegure respaldo político en el Congreso. No obstante, el gobernador, que intenta construir un relato de cooperación con el gobierno nacional, ve su narrativa minada Abdala se posiciona como el intermediario de los fondos, dejando en evidencia las dificultades del oficialismo provincial para ser reconocido como el gestor de las obras públicas.
El movimiento no solo beneficia a Abdala, quien aprovecha la oportunidad para recuperar imagen tras polémicas con sus asesores, sino que resalta también el abandono de promesas de infraestructura en San Luis. Aunque fiel a su estilo, el anuncio careció de datos reales y apeló a la informalidad absoluta.
La repavimentación anunciada representa solo un pequeño parche en una avenida que había sido proyectada para una renovación total, con ampliación de carriles, pero que ha sido relegada a un limitado plan de mejora que deja gran parte de las necesidades sin atender.
Con estas maniobras, San Luis queda en medio de una competencia de poder que parece orientada más al capital político y mediático que a los intereses de sus ciudadanos, quienes siguen viendo sus rutas y avenidas deteriorarse mientras los dirigentes provinciales suman nuevos episodios a una grieta que poco contribuye a mejorar la infraestructura de la provincia.
Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.
La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.
El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.
Un grupo de integrantes de la Cámara de Comercio se reunieron con Jorge Gastón Hissa y lo responsabilizaron por el caos que generó la proliferación de manteros. Aunque agradecieron la convocatoria, aseguran que las soluciones que ahora propone ya existían en la gestión anterior y que el intendente sólo reacciona mirando el calendario electoral.
La bancada opositora busca suprimir el requisito impuesto por el Ejecutivo, al que señalan como ilegal y responsable de trabar la renovación del carnet a cientos de vecinos. El dictamen en minoría apunta a restituir los criterios de la Ley Nacional de Tránsito.
Mientras la gestión navega entre anuncios inflados y resultados escasos, la comunicación oficial intenta convertir encuentros administrativos en gestas históricas. La maquinaria propagandística crece, pero la credibilidad se achica.
Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.
La información que publicó el senador Bartolo Abdala contradice el discurso central del gobierno de Claudio Poggi, que insiste en denunciar una caída histórica de recursos. Los números libertarios muestran otra cosa, hubo más fondos, incluso por encima de la inflación.
La bancada opositora busca suprimir el requisito impuesto por el Ejecutivo, al que señalan como ilegal y responsable de trabar la renovación del carnet a cientos de vecinos. El dictamen en minoría apunta a restituir los criterios de la Ley Nacional de Tránsito.
El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.
Del Profe Aedes
La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.
Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.