
Con la de todos: el gobierno gasta millones de pesos en un programa para militar sus candidatos
Este domingo se estrenó un nuevo ciclo en el canal del Estado, pensado para apuntalar al Frente que responde a Poggi.

Este domingo se estrenó un nuevo ciclo en el canal del Estado, pensado para apuntalar al Frente que responde a Poggi.

Con pauta oficial y en medios aliados al poggismo intentaron levantar la imagen del jefe comunal que está en su peor momento.

Apuntan a Adriana Gurlino, la nueva directora de la versión streaming, por los sueldos de más de $300 mil pesos que están saliendo de la señal paralela.

La grieta entre los comunicadores que responden al oficialismo se llevó puesta la actual organización. Crearán un canal de streaming para intentar ampliar el discurso del gobierno que no está llegando.

Beneficiado por su cercanía a Facundo Santarone, Joaquín Correnti Ramasco creó dos nuevas empresas que de a poco se van quedando con los negocios más importantes del gobierno.

Uno de los integrantes del grupo LOLA se puso al hombro la emprolijada discursiva de quien gobierna la Ciudad. Entrevistas demasiado amistosas y la victimización como bandera.

La gestión de Jorge Gastón Hissa vuelve a perder funcionarios en el área que administra los fondos municipales. La salida se suma a una secuencia que expone inestabilidad y dudas sobre el manejo de los recursos.

Se trata de Mario Zabala, esposo de la ministra de Salud del gobierno, Teresa Nigra y Sergio Freixes. Con la resolución del máximo tribunal, los condenados deberán ser detenidos para cumplir la pena efectiva de 6 años.

El Puntano, medio poggista propiedad de Emanuel Moreno y Adriana Gurlino, difundió imágenes tomadas dentro del Servicio Penitenciario. Señalan a la ministra de Seguridad por permitir la salida del material, mientras intentan minimizar la situación del otro condenado, Mario Zabala, esposo de la ministra de Salud, Teresa Nigra

La difusión del registro que muestra el ingreso del exfuncionario Sergio Freixes a la cárcel derivó en críticas abiertas a la ministra Nancy Sosa. Señalan maniobras políticas, falta de control interno y un operativo para ocultar la detención de Mario Zabala, ligado al oficialismo.

El Tribunal cerró sin investigar tres expedientes por presunto mal desempeño y castigó a los profesionales que impulsaron la denuncia. Un fallo que expone la lógica de disciplinamiento dentro del sistema judicial puntano.