Ramírez

Dijo que los funcionarios del gobierno de Poggi vendieron el maíz valuado en más de dos millones de dólares y después lo culparon a él. El próximo 25 de marzo, Ricardo Bazla —hoy secretario de Ética provincial— tendrá su audiencia ante el juez Cuello.

El Gobierno de San Luis destinó $43,2 millones para un almuerzo empresarial en Buenos Aires, sin licitación y a través de un ente estatal. El costo por cubierto supera siete veces el valor de mercado. La lógica es idéntica a la que el propio oficialismo usa para procesar a la gestión anterior.

El fiscal de Estado suplente anunció una presentación judicial contra Alberto Rodríguez Saá horas después de quedar expuesto en el estrado. La causa Ramírez acumula más condenas mediáticas que sustancia jurídica.

Una tasación presentada en pleno juicio pone bajo la lupa algo más profundo: ¿se puede fijar el valor de un colectivo con una fórmula contable, sin mirar el mercado y sobre un estado que no es el original? Entre números que no cierran y criterios discutibles, el caso Ramírez deja más preguntas que respuestas.

Cierran los alegatos de una causa que el poggismo explotó durante meses en medios y redes: una perito que desconoce parámetros básicos del mercado automotor, una auditoría firmada por un funcionario próximo a ser indagado por corrupción, y el testimonio del propio ex gobernador que desmontó el argumento central de la fiscalía.

El oficialismo Invirtió millones en pauta oficial, operaciones mediáticas, alquiló dos colectivos y quedó en nada. La fiscalía pidió entre 5 y 7 años de prisión. El Colegio de Jueces absolvió a la ex secretaria de Deportes por falta de pruebas suficientes y le aplicó una condena en suspenso que no implica un solo día de cárcel.

Durante dos años, el oficialismo convirtió la compra de un colectivo en emblema de corrupción. La Justicia no encontró pruebas suficientes para sostener ese delito, pero la maquinaria comunicacional ya había hecho su trabajo. ¿Cuánto costó instalar un relato que no se pudo probar?

En pleno juicio, el fiscal adjutor Rafael Berruezo forzó una lectura que no estaba en el expediente y terminó desordenando la estrategia oficial. Dos días después, el fallo dejó su jugada sin sustento y abrió una pregunta incómoda: ¿actuó como fiscal o como actor político?