Redacción
Sin que nadie lo esperara, el Concejo Deliberante de San Luis se ha convertido en el campo de batalla de una contienda interna entre concejales del oficialismo. El reciente enfrentamiento entre Laura Sánchez y la presidenta, Agustina Arancibia Rodríguez, solo es la punta del iceberg de una serie de desavenencias que amenazan con desestabilizar por completo la “paz”.
La concejala, que accedió a su cargo con los votos del peronismo y al asumir se convirtió en poggista, desafió a sus colegas durante la sesión de este jueves. Al propiciar que el pedido de repudio contra una funcionaria municipal por discriminación sea tratado con preferencia la próxima sesión.
Este arrebato de Sánchez no es más que el reflejo de una estrategia calculada para socavar la autoridad de Arancibia Rodríguez y sembrar la discordia en el seno del oficialismo. Donde ni el presidente del bloque, Mario Silvestri puede frenar la jugada que viene desde el Municipio, por obra del propio intendente, Gastón Hissa.
En los pasillos resuena que es la misma presidenta de la EFI quien se jacta de tener línea directa con el jefe comunal. “No necesito intermediarios, yo tengo llegada con el intendente por mí misma”, asegura.
Esta situación vuelve cada vez más precaria la estabilidad de Arancibia Rodríguez. Acorralada por sus cuestionadas decisiones y por el vacío que desde el Ejecutivo le están imponiendo, sumado a su incapacidad para mantener un bloque unido, ve comprometida su gestión en el Legislativo y la deja muy mal parada en relación a las acciones judiciales que desde este jueves comenzaron a recaer sobre su persona.
Por orden de la justicia, la presidenta deberá abonar $150.000 pesos diarios por dar incumplimiento a la resolución que prevé la reincorporación de 14 trabajadores al Concejo. Este capricho inentendible abre un interrogante, Arancibia Rodríguez abonará de su propio bolsillo la multa por sus acciones intempestivas o serán los vecinos con sus impuestos los que harán frente a este gasto innecesario.
El mandatario forma parte del grupo de gobernadores ex macristas que quieren congraciarse con el presidente Javier Milei. Para ello, prometieron no votar las dos iniciativas que presentó la oposición. El peligro de que el poggismo tenga más bancas en las elecciones de octubre.
Un informe de julio 2025 revela que la provincia lidera el ranking nacional de interés resarcitorio para contribuyentes que adeudan el impuesto a los Ingresos Brutos. La tasa alcanza el 7%, por encima de Buenos Aires y Santa Cruz.
La Municipalidad de San Luis presentó como un logro la reubicación de luminarias en el barrio Mirador del Portezuelo, que días antes habían sido desmontadas por la misma administración. Tras los reclamos vecinales, fueron reinstaladas con una improvisada protección “antivandálica”. La maniobra ya había sido denunciada por concejales de la oposición.
Mientras los medios alineados al gobierno atacaron con furia a Carolina Monte Riso por una publicación privada, callaron escandalosamente cuando un juez oficialista protagonizó un choque manejando alcoholizado. La vara del poder, más torcida que el discurso de campaña.
Mientras los hospitales enfrentan la falta de insumos, las escuelas atraviesan el invierno sin calefacción y los salarios estatales continúan congelados, la administración provincial acumuló una suma récord de recursos no ejecutados. Los números también desmienten el argumento del recorte nacional: la coparticipación creció y benefició especialmente a los intendentes aliados.
Cuando las manifestaciones llegaron a Terrazas del Portezuelo, el gobierno accedió a las demandas de los vecinos del barrio La Vecindad, que reclamaban acceso a la electricidad.
Se repite un patrón que compromete seriamente a la gestión municipal, como en los casos de los camiones y las cuadrillas de limpieza, se favorece sistemáticamente a las propuestas más costosas. Las firmas desplazadas denuncian un mecanismo direccionado y que roza la corrupción, y ya no puede disimularse.
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Profesionales advirtieron una vez más sobre la crisis en el sistema sanitario. Denuncian la falta de recursos humanos, salarios por debajo de la media y una política de salud desmantelada desde la llegada de Claudio Poggi al poder.
Una encuesta nacional reveló que el 44% de los argentinos teme quedarse sin trabajo. El dato refleja el deterioro de las condiciones laborales y el impacto real del ajuste en la vida cotidiana de las familias.
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