Redacción
Sin que nadie lo esperara, el Concejo Deliberante de San Luis se ha convertido en el campo de batalla de una contienda interna entre concejales del oficialismo. El reciente enfrentamiento entre Laura Sánchez y la presidenta, Agustina Arancibia Rodríguez, solo es la punta del iceberg de una serie de desavenencias que amenazan con desestabilizar por completo la “paz”.
La concejala, que accedió a su cargo con los votos del peronismo y al asumir se convirtió en poggista, desafió a sus colegas durante la sesión de este jueves. Al propiciar que el pedido de repudio contra una funcionaria municipal por discriminación sea tratado con preferencia la próxima sesión.
Este arrebato de Sánchez no es más que el reflejo de una estrategia calculada para socavar la autoridad de Arancibia Rodríguez y sembrar la discordia en el seno del oficialismo. Donde ni el presidente del bloque, Mario Silvestri puede frenar la jugada que viene desde el Municipio, por obra del propio intendente, Gastón Hissa.
En los pasillos resuena que es la misma presidenta de la EFI quien se jacta de tener línea directa con el jefe comunal. “No necesito intermediarios, yo tengo llegada con el intendente por mí misma”, asegura.
Esta situación vuelve cada vez más precaria la estabilidad de Arancibia Rodríguez. Acorralada por sus cuestionadas decisiones y por el vacío que desde el Ejecutivo le están imponiendo, sumado a su incapacidad para mantener un bloque unido, ve comprometida su gestión en el Legislativo y la deja muy mal parada en relación a las acciones judiciales que desde este jueves comenzaron a recaer sobre su persona.
Por orden de la justicia, la presidenta deberá abonar $150.000 pesos diarios por dar incumplimiento a la resolución que prevé la reincorporación de 14 trabajadores al Concejo. Este capricho inentendible abre un interrogante, Arancibia Rodríguez abonará de su propio bolsillo la multa por sus acciones intempestivas o serán los vecinos con sus impuestos los que harán frente a este gasto innecesario.
