Redacción
En una acción que busca tener una respuesta tan positiva como inmediata, los estudiantes que aspiran a convertirse en cadetes de Policía a través del Instituto Superior de Seguridad Pública “Juan Pascual Pringles” (ISSP), demandaron al Gobierno de la Provincia en pos de que la Justicia le ordene al Ejecutivo “establezca fecha cierta de inicio de período de adaptación y ciclo lectivo 2024” para los 160 jóvenes que anhelan con recibirse de técnicos en Seguridad Pública, título que los habilita para integrar las filas de la Policía puntana o formar parte del Servicio Penitenciario Provincial. La intimación fue presentada por el defensor del Pueblo Enrique Ponce, quien desde que los estudiantes fueron rechazados por el gobernador Claudio Poggi para ingresar al centro educativo se ofreció a acompañarlos y representarlos ante la Justicia.
La demanda fue presentada como una “medida autosatisfactiva”, es decir que requiere de una respuesta inmediata, al considerarse una acción urgente y al evaluarse la situación como algo excepcional; será el Superior Tribunal de Justicia el que deberá fallar sobre el asunto.
Uno de los párrafos del texto firmado por Ponce advierte que, al margen de adjuntar toda la documentación pertinente, al día de hoy los estudiantes “continúan sin información certera respecto de la continuidad del ciclo formativo”.
A su vez, más allá de señalar que para la resolución de una medida autosatisfactiva no hace falta tener en cuenta una jurisprudencia y repetir que es una situación de resolución inmediata, Ponce aclaró en su escrito que “de no cumplirse con el objetivo de lo solicitado, los alumnos estarían impedidos de continuar con sus estudios, ya que, atentos a la situación económica del país, deberían volver a realizar gastos extraordinarios y en muchos casos excederían la edad requerida para el ingreso”, redactó el defensor del Pueblo.
El derrotero del grupo de estudiantes comenzó cuando Poggi decidió no incorporar más aspirantes al ISSP. Esto ocurrió el 3 de enero, cuando el gobierno provincial sentenció que el ciclo lectivo 2024 “quedaba suspendido y no se incorporarían estudiantes por no existir las condiciones edilicias” para el dictado de clases. Tampoco se confirmó que en 2025 se vuelvan a abrir los ingresos.
Por entonces, los alumnos no solo estaban en pleno desarrollo de sus estudios para acceder a la carrera, sino que también habían invertido mucho dinero en los exámenes médicos de rigor (test psicológicos, encefalogramas, análisis de consumo de estupefacientes, bucodental, ecocardiograma, audiometría, radiografías, exámenes de sangre y orina, etcétera), ya que, por tratarse de chequeos para una entidad educativa, las obras sociales no aceptaron cubrirlos.
Las chicas y chicos que sueñan aún con ser policías o agentes penitenciarios enviaron cartas al gobernador Poggi y al Ministerio de Educación. Pero no obtuvieron respuestas.
A su vez, los jóvenes también solicitaron que las clases fueran virtuales para no ocupar el —según Poggi— destruido edificio del ISSP. Tampoco les respondieron a la iniciativa.
Ahora la Justicia, a través del máximo órgano judicial de San Luis, le ordenará o no al Poder Ejecutivo fijar una fecha para que muchos jóvenes con vocación de servicio reciban la educación y formación que tanto quieren.
(El Diario de la República)
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