MosconiErnesto "Pipi" Nader Alí estaba en el recinto de la Cámara de Diputados cuando la Policía de San Luis tocó la puerta de su domicilio en La Toma. El motivo era notificarlo de una resolución judicial en lo que el legislador describió como "una causa trucha que tiene jueza provisoria y fiscal provisoria". El timing no fue casual dijo, "Es mandado por Claudio Poggii, hoy, sabiendo que yo estoy en la sesión. Es público y notorio."
La maniobra se inscribe en un patrón conocido en San Luis. El uso de causas judiciales como mecanismo de disciplinamiento a los dirigentes opositores. Alí señaló al gobernador Claudio Poggi como responsable directo del operativo.
Desde el mismo recinto exhibió el frondoso listado de bienes del gobernador y lo confrontó con el suyo. Poggi acumula más de 30 propiedades. Una denuncia penal por enriquecimiento ilícito presentada en su contra en 2021 ya había marcado la brecha, mientras el gobernador declaraba un patrimonio de 4 millones de pesos, los cálculos de la causa lo ubicaban por encima de los 40 millones de dólares. Los valores consignados en sus registros oficiales eran ridículos frente a cualquier precio real de mercado.
Frente a ese cuadro, Alí lanzó el desafío que definió la jornada: "Que nos sometamos públicamente a una auditoría contable los dos. Que él elija el estudio contable que se le ocurra para auditar mis bienes, y que a mí me deje poner un contador para auditar los suyos." Y remató sin margen para la ambigüedad: "No sea cobarde."
Se someterá el gobernador a una prueba que puede exponer las inconsistencias de su millonario patrimonio. Esa es la incógnita.
