MosconiEl Gobierno se prepara para una jornada clave en torno al PAMI, en medio de un escenario de fuerte tensión con prestadores de salud de todo el país. Este miércoles habrá dos encuentros determinantes: uno entre autoridades del organismo y cámaras del sector, y otro en el Ministerio de Economía entre Luis Caputo y Mario Lugones, donde la situación sanitaria aparece como una de las principales preocupaciones.
Las prestadoras advierten que atraviesan un momento crítico para su sostenibilidad. “En la medida que se acerque el período invernal, el sistema se va a resentir aún más”, señalaron desde el sector. Si bien descartan cierres masivos en lo inmediato, anticipan reprogramaciones y recortes en la atención si no se normaliza el flujo de fondos.
Desde el propio oficialismo reconocen el problema, aunque lo enmarcan en otra lógica. “No hay un recorte, sino un retraso de fondos. No es menor, pero necesitamos financiamiento para darle respuesta a las prestadoras”, admiten desde el entorno. La preocupación ya escaló a la cúpula del Ejecutivo, donde el tema fue abordado en reuniones recientes con Manuel Adorni.
El trasfondo económico es significativo. La deuda acumulada con prestadores ronda los $500.000 millones, en un sistema que depende en gran parte de transferencias de la ANSES, alimentadas por descuentos a jubilados. Sin embargo, ese esquema resulta deficitario y obliga a la asistencia del Tesoro para sostener la operatoria de una obra social que cubre a cerca de 6 millones de afiliados.
La discusión de fondo pasa por el margen que está dispuesto a otorgar el Ministerio de Economía. Para Javier Milei y Luis Caputo, el superávit fiscal es el eje del programa económico. En ese marco, la caída de la recaudación (con ocho meses consecutivos en baja real) llevó a priorizar gastos y a sostener recortes.
El impacto ya se refleja en los números. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, las prestaciones del PAMI registraron una caída del 29,8% interanual real en el primer bimestre, mientras que las transferencias del Tesoro se desplomaron un 57,7%, en contraste con un leve aumento del 2,8% en los fondos provenientes de ANSES.
Ese ajuste encendió alarmas dentro del sistema sanitario. Funcionarios del área elevaron advertencias sobre el riesgo de insostenibilidad del esquema prestacional del organismo. En paralelo, las cámaras del sector esperan respuestas concretas en la reunión pautada con el titular del PAMI, Esteban Leguizamo.
“Mañana nos tendrían que dar una respuesta a todas las cámaras del país”, plantearon desde una entidad privada a Infobae. “El Estado está obligado a cubrir. Pero mientras faltan los fondos y se acumula la deuda, crece el riesgo de cierres, falta de pagos y dilaciones en las prestaciones”, agregaron.
La situación ya tiene impacto en la atención. En clínicas especializadas en adultos mayores aseguran que “solo se está operando de urgencia” y que “todo lo programado se patea hacia adelante”. A eso se suma el malestar por cambios en el esquema de pagos, que ahora se realizan en dos tramos mensuales, generando mayor presión financiera.
Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Córdoba señalaron que este sistema fragmentado genera estrés en las instituciones. Además, cuestionaron que los valores que paga el PAMI no se actualizan al ritmo de costos clave. “Lo más preocupante es el precio de las prestaciones, que no acompaña salarios, honorarios ni insumos”, explicó Ignacio Escuti.
El panorama se complejiza con factores estructurales. Parte del financiamiento del organismo se vio afectado tras la eliminación del impuesto PAIS a fines de 2024, que aportaba recursos a programas vinculados. A eso se suma una crisis arrastrada por años de desajustes en el sistema.
En el sector privado advierten que unas 5.000 prestadoras podrían quedar al borde de la quiebra si no se sostiene el régimen de emergencia sanitaria vigente desde 2002, que exime del pago de contribuciones patronales. El Gobierno ya prorrogó ese esquema hasta diciembre de 2026, suspendiendo embargos y ejecuciones fiscales.
Sin embargo, la situación sigue siendo delicada. De las 25.000 instituciones registradas, al menos 5.000 están identificadas por la ARCA como sujetas a procesos fiscales. La deuda acumulada lleva más de dos décadas, con escaso cumplimiento por parte de la mayoría del sector.
El Ministerio de Capital Humano, por su parte, salió a aclarar el esquema de responsabilidades. A través de un comunicado, la cartera que conduce Sandra Pettovello señaló que “el área de Discapacidad y el PAMI no se encuentran bajo la órbita de este organismo, sino que dependen del Ministerio de Salud de la Nación”, encabezado por Mario Lugones.
