MosconiEl senador nacional Fernando Salino aprovechó el debate del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso para poner sobre la mesa uno de los casos de corrupción más resonantes de la política puntana. Frente al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, describió cómo Ricardo André Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis, debió renunciar tras quedar imputado como presunto coautor de una maniobra de defraudación por el escándalo de El Caburé, dónde se perdió maíz con un valor de dos millones de dólares.
La escena tuvo un elemento político que no pasó inadvertido. Sentado junto al ministro estaba Alejandro Cacace, funcionario nacional y figura aliada del poggismo, quien no emitió opinión ante la denuncia. Salino lo señaló sin eufemismos: "Al lado tiene un puntano que le puede describir la acción judicial, conoce al imputado". El silencio de Cacace frente a una acusación de esta gravedad sobre un funcionario de su espacio político difícilmente pueda leerse como neutralidad.
El caso El Caburé arrastra al gobierno de Claudio Poggi en un momento de exposición nacional. Que la denuncia haya sido formulada en un foro legislativo federal, ante un ministro de peso del gabinete de Javier Milei, amplifica el impacto político más allá de las fronteras provinciales. La renuncia de Bazla ya había sido un golpe para la administración puntana, luego de los 8 delitos que se le imputaron.
El proyecto debatido en el Congreso apunta a proteger la propiedad privada, y el ejemplo concreto que aportó Salino fue la expropiación de tierras seguida de la apropiación de su producción por parte del funcionario a cargo, precisamente, del control de gestión del Estado provincial.
