Alí

Después de ocho imputaciones por corrupción en la causa El Caburé, la Secretaría de Ética y Control de Gestión no cambió un solo funcionario. El equipo de Ricardo André Bazla sigue activo, incluido un hombre acusado de presionar testigos. En el gobierno, nadie explica por qué.

Cacace y Moriñigo salieron juntos a cuestionar la reforma constitucional que el gobernador enviará a la Legislatura. Criticaron la eliminación del Senado y el recorte de elecciones intermedias, pero ninguno habló de la crisis salarial ni de los casos de corrupción que rodean a la gestión.

Trabajadores de la Facultad de Ciencias Humanas cuestionan el envío de cientos de millones a DOSPU, mientras reclaman atrasos laborales y el bloqueo al derecho de libre elección de obra social. Apuntan a una continuidad de decisiones entre el actual rector Raúl Gil y su antecesor Víctor Moriñigo. Además hay malestar por la falta de pronunciamiento del rectorado en la intromisión de la Policía la semana pasada. 

 "Van a ir a un hospital, a una salita, y no van a encontrar médico para que los atienda", advirtieron los profesionales en un reclamo que no es escuchado y que cada día se acrecienta. 

El intendente de San Luis habla ante micrófonos unas veinte veces por semana y repite siempre lo mismo. "Los vecinos me pidieron una plaza", una frase desgastada que esconde la fallida gestión en materia de servicios básicos. 

Las prestadoras advierten sobre la falta de financiamiento y las demoras en los pagos, mientras el Ejecutivo analiza la situación en reuniones clave. El sistema enfrenta tensiones crecientes, con una deuda que ronda los $500.000 millones y riesgo para miles de clínicas en todo el país.

El senador puntano Fernando Salino denunció ante el ministro Federico Sturzenegger que Ricardo André Bazla, secretario de Ética Pública de San Luis, renunció imputado por defraudación en el caso El Caburé. A su lado, el funcionario nacional Alejandro Cacace, aliado del gobierno de Claudio Poggi, guardó silencio.