Los proveedores del Programa de Asistencia Nutricional Escolar (PANE) llevan casi dos meses sin percibir los pagos correspondientes por el servicio prestado. El malestar creció al punto en que varios advierten que no pueden seguir garantizando la calidad de los alimentos entregados a los beneficiarios del programa.
La situación se agrava por una promesa incumplida. El gobierno provincial había comprometido un aumento de tarifas para abril, pero no hubo resolución ni comunicación oficial al respecto. Los valores vigentes ($1.636,37 sin IVA por almuerzo y $595,04 por desayuno o merienda) quedaron desactualizados frente a los costos reales de producción, según los propios prestadores.
El PANE arrastra cuestionamientos desde hace tiempo. La gestión Poggi no logró despejar las dudas sobre su administración, y el escenario actual las reedita, proveedores que trabajan en déficit, deserción de prestadores que no toleraron los manejos del programa y la permanencia de aquellas firmas con vínculos cercanos a funcionarios del gabinete provincial.
Quienes siguen en el programa son explícitos, sostienen el servicio para no perjudicar a los estudiantes, no porque el esquema de pago funcione. Esa diferencia es relevante porque convierte la continuidad del PANE en una decisión voluntaria de sus proveedores, no en una garantía institucional.
