Víctor Cianchino mantuvo una turbulenta reunión con choferes y propietarios de taxis por el tema Uber.
Provinciales07 de febrero de 2024
Redacción
Este martes una reunión entre el secretario de Transporte de la provincia, Víctor Cianchino, y taxistas terminó con insultos, amenazas y casi a los golpes.
El preludio a la trifulca tuvo que ver con un pedido de los taxistas respecto a las investigaciones y controles que no se realizan a la plataforma Uber.
“A los gritos y muy violentamente nos dijo que su área no iba a realizar ninguna inspección respecto a Uber”, explicaron los choferes en un comunicado.
En el mismo señalan que peligran 4 mil fuentes de trabajo y que ni el Gobierno ni el Municipio realizan las inspecciones correspondientes.
“Antes de terminar las reunión nos dijo (Cianchino) que a las 5 deja de ser funcionario y que nos esperaba afuera y resolvemos el problema de otra forma”, revela otro tramo del comunicado.
En el mismo sentido, manifiestan temor por lo que pueda ocurrir con los coches que actualmente se apostan en la Ediro. “Responsabilizamos al secretario de Transporte si algo nos ocurre”, advirtieron.
En la Ciudad de San Luis y desde el 10 de diciembre, Uber circula sin ningún tipo de control por parte del Municipio. Incluso hay quienes aseguran que Hissa habilitó el 100 por ciento de aumento en la tarifa a los taxis, para liberar la aplicación. De igual manera, es conocida la cercanía del intendente con el grupo que trajo Uber a San Luis, sobre todo durante la campaña electoral.
La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.
El intendente Juan Manuel Olguín dispuso el pago de un bono extraordinario que alcanza a más de 200 familias y moviliza la economía local. La medida contrasta con la pasividad de otros jefes comunales que, alineados con Poggi y Milei, mantienen congelados los salarios municipales.
En la 78° Sociedad Rural de San Luis, el gobernador reaccionó con una grosería ante una corresponsal de Lafinur que le consultó por su relación con José Luis Espert. Lo negó, pese a las fotos y visitas previas, y terminó lanzando una frase irrespetuosa que dejó expuesta su intolerancia.
El Ejecutivo municipal denunció ante el Superior Tribunal de Justicia una maniobra sin precedentes: concejales y funcionarios provinciales presentaron una demanda plagada de citas falsas, fallos inventados y doctrina inexistente.
Denuncian un “plan sistemático” para disciplinar voces críticas: concentración de pauta, represalias y medios fantasma financiados con fondos públicos.
El intendente de La Punta cedió terrenos municipales sin ordenanza, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a los vecinos. El acuerdo con una empresa privada se firmó hace dos años y recién ahora busca la bendición del Concejo Deliberante. La antena se instalaría dentro de la planta potabilizadora de agua, una zona estratégica. En San Luis Capital, un negocio similar fue frenado por el Defensor del Pueblo.
Tras meses de presión, ataques mediáticos y maniobras para romper el Círculo Médico, el gobierno provincial tuvo que retroceder y cerrar un acuerdo. La derrota deja expuestos a Jorge Vergara y Teresa Nigra, debilitados tras un conflicto que golpeó directamente a los afiliados.
Vecinos denuncian que nunca pudieron anotarse mientras la intendencia difundía en sus redes oficiales que ya estaba disponible.
Están previstas para 30 de octubre. Las maniobras del oficialismo para sacar de escena a Laura Sánchez y colocar a Fernando Aguilera en el Concejo Deliberante.
El Bloque Justicialista exige que el Ejecutivo detalle qué pasó con los funcionarios que dieron positivo por consumo de drogas. Reclaman saber si hubo sanciones, contrapruebas y qué medidas se adoptaron tras los resultados informados.
Mientras crece la inseguridad en la provincia, efectivos policiales fueron enviados a espiar un encuentro político. El gobierno de Poggi usa recursos del Estado y medios oficialistas para montar un sistema de persecución ideológica, sin precedentes.
Productores denuncian que el gobierno habría vendido “en negro” una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares. El funcionario Ricardo Bazla, hombre de la "ética" poggista, vuelve a quedar en el centro de un escándalo que salpica a la Justicia y a otros ministerios.
