El Gobierno nacional presentó ante la Justicia de los Estados Unidos un pedido formal para suspender el proceso de discovery en el juicio relacionado con YPF, en el que el país está obligado a pagar más de 16.000 millones de dólares a los demandantes por la nacionalización de la petrolera en 2012.
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¿Qué es lo que está en juego?
El llamado discovery es una etapa procesal en la que las partes pueden solicitar información y documentos que permitan localizar activos para ejecutar una sentencia. En este caso, los demandantes (financiados por el fondo británico Burford Capital) han pedido incluso datos sobre las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), algo que el Estado calificó como intrusivo y fuera de toda lógica legal.
Argentina lo calificó como “hostigamiento”
En su presentación ante la jueza Loretta Preska, la Procuración del Tesoro de la Nación argumentó que:
El proceso de discovery ha sido usado de manera desproporcionada y ajena al objetivo legal real.
Se ha transformado en una herramienta de presión sobre el Estado argentino y su soberanía.
Las solicitudes se han extendido incluso a correos y chats de funcionarios argentinos.
El Gobierno sostiene que ya entregó toda la información exigible y que estos pedidos exceden lo razonable y pueden afectar la operatividad del Estado.
¿Por qué es importante para los argentinos?
Este litigio no es un caso legal cualquiera:
¿Qué sigue?
Ahora la jueza Preska debe decidir si suspende este proceso de discovery, lo que podría frenar la presión legal sobre Argentina mientras sigue la apelación del fallo.
La denominada “modernización laboral” propuesta por el Gobierno no se limita a ajustes puntuales: redefine el equilibrio entre capital y trabajo, reduce el costo del despido, condiciona el derecho de huelga y reordena el sistema de conflictos laborales. Este esquema permite identificar con precisión quiénes resultan beneficiados y quiénes asumen los costos del nuevo diseño.
El Grupo Techint, histórico proveedor industrial argentino, perdió un contrato millonario de provisión de caños para un gasoducto estratégico frente a una compañía india. La adjudicación desnuda tensiones entre el Gobierno, el sector privado local y la inserción del país en reglas de mercado global sin protección, a costa de la industria doméstica.
Más de 20 sectores fabriles cayeron en picada desde que se liberaron las importaciones. Mientras el Gobierno habla de “competencia”, las pymes enfrentan cierres, despidos y una avalancha de productos chinos y brasileros.
Con tasas altas pero inflación persistente, el plazo fijo vuelve a estar en la mira. Invertir $3.000.000 a 30 días deja un interés concreto, aunque el rendimiento real sigue en discusión.
Por primera vez en la historia, el oro superó la barrera de los 5.000 dólares la onza. No es una casualidad ni una moda financiera: es un síntoma claro de un mundo que busca refugio ante la incertidumbre.
Mientras el Gobierno celebra la apertura comercial como un logro diplomático, las pymes industriales alertan que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea puede convertirse en una bomba para la producción, el empleo y el entramado fabril argentino.
El Gobierno anunció un supuesto “superávit financiero” en 2025, pero omitió incluir los intereses reales de la deuda en pesos. Con esa maniobra contable, escondió un déficit que sí existió.
La ANSES confirmó que en febrero de 2026 se abonará un extra equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil ($ 346.800) a quienes cumplan con los requisitos de la prestación por desempleo.
Desde febrero entra en vigencia una actualización clave en cómo se valora el daño físico o psíquico de un trabajador tras un accidente o enfermedad laboral. No es un detalle técnico: impacta en indemnizaciones, ART y en tu bolsillo si trabajás bajo convenio.
Occidente habla de golpe de Estado. Beijing habla de traición. La realidad es más compleja (y más inquietante): China atraviesa una purga profunda en su cúpula militar que expone tensiones internas en el corazón del poder.
El Consejo Correccional del Servicio Penitenciario, que depende de la ministra, Nancy Sosa, sugirió favorecer la libertad condicional de Diego Ponce. Nueve funcionarios provinciales firmaron el informe que respaldó la decisión judicial. Poggi atacó a la jueza pero ocultó la responsabilidad de su gobierno.
Pascual Celdrán difundió un video acusando al gobierno de hostigar al Poder Judicial y perseguir a funcionarios anteriores. Denunció salarios bajo la pobreza para jueces y fiscales, autopistas destruidas y pauta millonaria para controlar medios.
La provincia registra tasas superiores a la media nacional con particular impacto en jóvenes. En La Punta, la reiteración de casos entre adolescentes configura un patrón territorial. El Hospital Carrillo notificó cientos de intentos en el primer semestre del 2025 con más de la mitad de reintentos.
Recién dos semanas después de la firma del contrato con la empresa india, el grupo de Rocca se ofreció a igualar la oferta.
Autoridades indias informan que lograron controlar dos casos de Nipah en Bengala Occidental. A pesar de ello, países asiáticos intensifican vigilancia en aeropuertos y fronteras ante el posible riesgo de propagación.
