Una funcionaria admitió en una grabación que hubo amenazas, aprietes y protección interna en operaciones con dólar oficial. El caso salpica al Banco Central y expone el entramado entre poder financiero, operadores y funcionarios.
Actualidad27/01/2026
Nac and Pop
“Arriba están todos entongados.” La frase no sale de una denuncia mediática ni de un editorial. Sale de la boca de una funcionaria del Banco Central, en un audio ahora incorporado a una causa judicial que investiga posibles maniobras ilegales con acceso al dólar oficial durante la gestión anterior.
El audio fue grabado por Elías Piccirillo (financista y exmarido de Jésica Cirio) y forma parte del expediente que instruyen el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. En él, Romina García, inspectora del área de Supervisión del BCRA, relata cómo altos mandos del banco estaban al tanto de amenazas contra funcionarios por parte de un operador financiero y no hicieron nada.
El caso involucra además al empresario Francisco Hauque y a una red de financieras que habrían accedido a operaciones preferenciales cuando la brecha cambiaria superaba el 100 %. En ese contexto, cada dólar oficial era oro. El problema: no todos podían acceder, y los que sí, lo hacían por la puerta trasera del poder.
La justicia investiga si hubo vínculos entre operadores y funcionarios, amenazas encubiertas y encubrimientos internos. También se allanaron oficinas del BCRA y domicilios particulares en busca de pruebas. Mientras tanto, el actual directorio guarda silencio.
El episodio combina todos los ingredientes de un clásico argentino: dólar, trampa, impunidad, contactos, y una frase que ya quedó grabada para el archivo: “Había gente arriba toda entongada”. Las causas avanzan. Las explicaciones, no.
El Consejo Correccional del Servicio Penitenciario, que depende de la ministra, Nancy Sosa, sugirió favorecer la libertad condicional de Diego Ponce. Nueve funcionarios provinciales firmaron el informe que respaldó la decisión judicial. Poggi atacó a la jueza pero ocultó la responsabilidad de su gobierno.
Vecinos de distintos barrios de San Luis volvieron a denunciar agua con barro y cortes. El problema se repite desde el fin de semana y alcanza al norte, oeste, sur y centro.
El calendario de pagos de febrero tendrá demoras para un grupo de jubilados y pensionados. El cambio rompe la rutina de cobro y vuelve a golpear a quienes dependen del haber para llegar a fin de mes.
Javier "Tato" Pereyra, funcionario de la Municipalidad de La Punta, fue denunciado por agredir a una persona en la vía pública. El parte médico certifica lesiones en costillas, hombro, frente y brazos. Vecinos señalan que no es el primer apriete de un integrante del gabinete municipal.
La gestión municipal gastó más de $150 millones en el evento. Difundió que asistieron 40 mil personas mientras medios registraron 20 mil en un predio para 10 mil. El intendente y Poggi fueron recibidos con silbidos y críticas por basura y agua.
Pilar Urbina pasó de tener miedo a hablar en público a consagrarse campeona nacional de oratoria, y ahora sueña con llevar su voz al extranjero en un campeonato americano.
Javier "Tato" Pereyra, funcionario de la Municipalidad de La Punta, fue denunciado por agredir a una persona en la vía pública. El parte médico certifica lesiones en costillas, hombro, frente y brazos. Vecinos señalan que no es el primer apriete de un integrante del gabinete municipal.
Occidente habla de golpe de Estado. Beijing habla de traición. La realidad es más compleja (y más inquietante): China atraviesa una purga profunda en su cúpula militar que expone tensiones internas en el corazón del poder.
El calendario de pagos de febrero tendrá demoras para un grupo de jubilados y pensionados. El cambio rompe la rutina de cobro y vuelve a golpear a quienes dependen del haber para llegar a fin de mes.
Con tasas altas pero inflación persistente, el plazo fijo vuelve a estar en la mira. Invertir $3.000.000 a 30 días deja un interés concreto, aunque el rendimiento real sigue en discusión.
El Consejo Correccional del Servicio Penitenciario, que depende de la ministra, Nancy Sosa, sugirió favorecer la libertad condicional de Diego Ponce. Nueve funcionarios provinciales firmaron el informe que respaldó la decisión judicial. Poggi atacó a la jueza pero ocultó la responsabilidad de su gobierno.