El Bloque Justicialista exige que el Ejecutivo detalle qué pasó con los funcionarios que dieron positivo por consumo de drogas. Reclaman saber si hubo sanciones, contrapruebas y qué medidas se adoptaron tras los resultados informados.
ActualidadAyer
Redacción
El Bloque Justicialista presentó un pedido de informe en la Cámara de Diputados para que el Gobierno provincial explique qué medidas tomó con los funcionarios que dieron positivo en los narcotests realizados en el marco de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia. La iniciativa apunta a conocer si se aplicaron sanciones, si se efectuaron las contrapruebas y si los implicados continúan en sus cargos.
El planteo surge tras la conferencia de prensa brindada por el secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, el 23 de septiembre, donde informó que se realizaron 1.131 análisis a funcionarios de los tres poderes del Estado, de los cuales cuatro arrojaron resultados positivos por consumo de cocaína y marihuana. Según Bazla, los involucrados fueron notificados por el Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones y tienen derecho a solicitar una contraprueba en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Bazla en la mira
El bloque opositor apunta directamente a Bazla, ya que circulan versiones que indican que podría estar utilizando la información para presionar políticamente. Los diputados cuestionan que la transparencia anunciada por el Ejecutivo se vea comprometida por filtraciones parciales o retrasos en la comunicación oficial. “No se puede hablar de ejemplaridad mientras se retiene información sensible para maniobras internas”, señalan desde el Justicialismo.
El pedido de los legisladores busca no solo conocer los resultados de las contrapruebas, sino también si se aplicaron medidas preventivas, terapéuticas o administrativas, como establece la normativa. Además, exigen saber cómo se financian los análisis toxicológicos según el Decreto 13848/24, publicado en diciembre de 2024, y si los costos fueron asumidos por el Estado o por los propios funcionarios.
La ley puesta a prueba
La Ley de Ejemplaridad y Coherencia fue presentada por el gobierno de Claudio Poggi como un supuesto símbolo de transparencia en la gestión pública. Sin embargo, el silencio y las versiones que comprometen a Bazla ponen en entredicho la efectividad de la norma. Para la oposición, el Ejecutivo se enfrenta a la paradoja de predicar ética y ejemplaridad mientras evita informar qué hizo con los funcionarios que incumplieron esas mismas exigencias.
Al final quedan volando varias incógnitas sobre la situación con los narcotest. Son herramientas para la transparencia u otra bomba de humo y marketing del gobierno que les salió mal.
Están previstas para 30 de octubre. Las maniobras del oficialismo para sacar de escena a Laura Sánchez y colocar a Fernando Aguilera en el Concejo Deliberante.
Mientras la inflación pulveriza los sueldos, el intendente Gastón Hissa insiste en maquillar la crisis salarial con acuerdos bancarios. Más endeudamiento, menos alivio real para los trabajadores.
El programa habitacional del gobierno de Claudio Poggi deja afuera a miles de familias sin terreno. La promesa de un techo digno terminó reducida a una maqueta de una habitación con baño.
En los pasillos del Tribunal de Cuentas se comenta que el diputado oficialista Carlos “Charly” Pereira no habría rendido una millonaria suma correspondiente a módulos legislativos. Mientras tanto, el Gobierno provincial mantendría una cómoda ceguera ante el caso, aunque exige transparencia a los opositores.
Mientras la provincia atraviesa una crisis económica, sanitaria y social sin precedentes, el gobierno de Claudio Poggi dedica tiempo y recursos a remover la tumba de Luis Lusquiños en Terrazas del Portezuelo. Un gesto que revela más sobre su forma de gobernar que cualquier discurso oficial.
San Luis se ubica entre las provincias con mayor deterioro salarial docente del país y, al mismo tiempo, entre las más caras para alimentarse. Dos datos que revelan la magnitud del ajuste en curso bajo la gestión de Claudio Poggi, los sueldos pierden poder real mientras los precios se disparan.
Los medios alineados al poggismo intentaron instalar que gremialistas de ATE agredieron a una mujer, pero las imágenes muestran lo contrario, fue la presidenta del Concejo, Laura Sánchez, quien intentó armar la escena. El trasfondo revela una maniobra política para tapar el reclamo por violencia laboral en la gestión de Hissa.
El Gobierno prometió viviendas, pero terminó ofreciendo materiales para construir una pieza. Las redes estallaron y el descontento crece, miles de familias sin terreno quedaron fuera de un sistema improvisado y excluyente.
Mientras la provincia atraviesa una crisis económica, sanitaria y social sin precedentes, el gobierno de Claudio Poggi dedica tiempo y recursos a remover la tumba de Luis Lusquiños en Terrazas del Portezuelo. Un gesto que revela más sobre su forma de gobernar que cualquier discurso oficial.
En los pasillos del Tribunal de Cuentas se comenta que el diputado oficialista Carlos “Charly” Pereira no habría rendido una millonaria suma correspondiente a módulos legislativos. Mientras tanto, el Gobierno provincial mantendría una cómoda ceguera ante el caso, aunque exige transparencia a los opositores.
El programa habitacional del gobierno de Claudio Poggi deja afuera a miles de familias sin terreno. La promesa de un techo digno terminó reducida a una maqueta de una habitación con baño.
Mientras la inflación pulveriza los sueldos, el intendente Gastón Hissa insiste en maquillar la crisis salarial con acuerdos bancarios. Más endeudamiento, menos alivio real para los trabajadores.
Están previstas para 30 de octubre. Las maniobras del oficialismo para sacar de escena a Laura Sánchez y colocar a Fernando Aguilera en el Concejo Deliberante.