Redacción
La frase que encabeza esta discusión no es una consigna abstracta. Fue el eje de la réplica que lanzaron concejales del Bloque Justicialista luego de que el gobernador Claudio Poggi responsabilizara a la oposición por la demora en la escrituración de viviendas.
“No es justo que, por un capricho, ustedes estén privando a los vecinos de la escritura de su casa”, dijo Poggi, en lo que pareció más un reproche público que una invitación al debate. Pero la escena, presentada casi como cadena provincial, expuso un problema más profundo, el gobernador habló de un proyecto sin tener en cuenta las normativas vigentes, el trabajo legislativo previo y, sobre todo, la responsabilidad que le cabe al propio intendente Jorge Gastón Hissa y a su bloque oficialista.
El concejal Juan Martín Divizia recordó que el expediente ingresó recién este año, que aún no tiene despacho en comisión y que arrastra “muchísimas imprecisiones”. Lejos de un rechazo liso y llano, la postura del bloque es que la escrituración avance, pero con legalidad y sin atajos.
“La política se construye con diálogos, no con aprietes”, sostuvo Divizia. Y anunció que pedirán una audiencia con el gobernador para explicarle las falencias del proyecto y recordarle que la política habitacional no es nueva, sino una política pública que ya había sido iniciada.
La ordenanza ignorada
El concejal Alejandro Cordido fue aún más explícito: “Lo que mandó el intendente es inconstitucional”. Según explicó, desde 2016 está vigente la Ordenanza 753, que regula la política habitacional de la ciudad y que no puede ser desconocida ni por el intendente ni por el gobernador.
Esa norma establece requisitos claros —residencia mínima, años de ocupación, procesos de adjudicación y desadjudicación— que hoy están siendo omitidos. Además, advierte que en los terrenos a donar podrían estar incluidos espacios públicos como calles o plazas, que legalmente no pueden cederse sin un trámite previo de desafectación.
“No creo que el gobernador Poggi nos esté pidiendo que violemos la norma. Creo que lo hicieron incurrir en un error”, señaló Cordido, apuntando a la deficiente comunicación de la Intendencia y a la falta de información en el propio expediente.
El trasfondo de esta disputa expone la precariedad con la que el oficialismo municipal intenta resolver un tema sensible como la vivienda. Poggi eligió el atajo de culpar a la oposición, pero los concejales justicialistas devolvieron el golpe con un argumento difícil de rebatir: sin respeto a la normativa vigente y sin diálogo político, la escrituración no solo será inviable, sino también ilegal.
La crisis habitacional de San Luis requiere soluciones serias, no gestos teatrales ni cadenas de reproches. Y la advertencia de los ediles quedó clara: la capital tiene autonomía, reglas y obligaciones que no pueden borrarse con un discurso.
