Mientras el gobierno de Claudio Poggi insiste en culpar a la caída de la coparticipación por el ajuste a trabajadores y áreas sensibles, los números oficiales muestran lo contrario: los envíos nacionales crecieron en términos reales.
ActualidadEl lunes
Redacción
Según el último informe (agosto 2025), San Luis recibió $817.938 millones en transferencias automáticas de la Nación. Esto implicó una variación interanual nominal del 51,3% y real del 2,6%, acumulado en los primeros ocho meses del año.
El análisis surge de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), uno de los centros de estudios económicos más reconocidos del país. Sus reportes son clave porque trabajan sobre datos oficiales del Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), lo que les otorga rigor técnico y confiabilidad.
Es decir, lejos de una caída, las transferencias crecieron incluso descontando la inflación. Los gráficos son claros, mientras provincias como Córdoba o Santa Fe registraron variaciones reales casi nulas, San Luis se ubicó en la mitad de la tabla, con un incremento que contradice el discurso de asfixia financiera que esgrime el oficialismo.
Un presupuesto congelado para un ajuste perpetuo
A pesar de esta mejora, el gobierno de Claudio Poggi presentó el mismo presupuesto del año pasado, lo que implica una decisión política y no una restricción económica. Esto se traduce en salarios públicos que seguirán por debajo de la línea de pobreza y en la ausencia de nuevos planes de obra pública que puedan generar empleo genuino.
La única inversión en infraestructura que el Ejecutivo muestra son algunas viviendas ya en construcción, un proyecto que no alcanza para mover la economía provincial ni para responder a la creciente demanda habitacional.
Recursos que se van a la timba y la discrecionalidad política
Desde que asumió, Poggi siempre contó con recursos para mejorar la calidad de vida de los sanluiseños. Sin embargo, elige guardarlos y destinarlos a la timba financiera, de la cual se conoce muy poco y sobre la que no se brinda información pública.
Con el relato de la supuesta baja en la coparticipación, el gobierno justifica un manejo discrecional de los fondos, millones para los municipios aliados, sin control ni transparencia, como ocurrió en las elecciones, y miseria y ajuste para los que no responden a su color político.
Mientras tanto, áreas críticas como salud, seguridad y educación permanecen en estado de desgaste permanente. La falta de actualización presupuestaria implica menos recursos para hospitales que ya funcionan con insumos al límite, para escuelas que atraviesan graves problemas edilicios y para una fuerza de seguridad que no logra responder a los crecientes índices de inseguridad.
El discurso del ajuste “inevitable” se cae frente a la evidencia, los fondos nacionales no solo no disminuyeron, sino que crecieron. Lo que aparece en escena es la verdadera orientación del poggismo, administrar el ajuste como política de estado, premiar a los aliados políticos y castigar a quienes no lo son, consolidando un modelo de austeridad engañoso que recae sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables.
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