ROSCA Y TONGO

CADENA DE FAVORES 

amor entre libertarios y poggistas ya no se oculta, esta semana se selló la paz con un pacto que deja a San Luis sin lista en las elecciones nacionales de octubre. Poggi, que para las cámaras se hace el opositor duro y denuncia recortes de coparticipación, bajo la mesa le manda flores a Milei y cumple su parte del acuerdo que empezó en mayo, cuando los hermanos libertarios dejaron al armado local sin apoyo.

La escena es digna de telenovela política, Poggi bajando el pulgar a sus propios aliados, diciéndoles que si quieren jugar, busquen otra camiseta. La “gran alianza de gobierno” queda expuesta como lo que es, un club de amigos donde manda el círculo chico, y el resto a mirar desde la tribuna. En esta cadena de favores, Milei demuestra que San Luis no le importa y Poggi que haría cualquier pirueta con tal de ganarse un beso de la Casa Rosada, incluso quedarse sin un solo representante en el Congreso.

LA UNIDAD ANTE TODO 

Todo lo contrario al oficialismo provincial sucede con el Partido Justicialista. En un gesto de organización y trabajo, se conformó una lista de unidad de todos los candidatos, luego de un proceso de elección interna. 

Se destacan figuras con experiencia y nombre en el mundo político. La lista está encabezada por Jorge “Gato” Fernández, quien fue el candidato del peronismo en la última elección para gobernador. Le siguen la diputada provincial Gloria Petrino y el titular del gremio de Camioneros, José Farías, como titulares. 

Mientras que Natalia Zabala Chacur, Sergio Tamayo y Blanca “Beby” Pereyra, acompañan como suplentes. Con el oficialismo entregado por el acuerdo con Milei, las expectativas para el peronismo puntano son muchas y van en crecimiento. Sobre todo en una provincia donde la recesión, la crisis y el ajuste, ya no se pueden disimular. 

CONTRA LOS TRAPITOS

En la San Luis de Jorge Gastón Hissa, prohibir a los trapitos parece ser la solución mágica a todos los problemas de la ciudad. Basura por todos lados, transporte en crisis, calles detonadas, pero la prioridad es sacarse una foto anunciando que ya nadie podrá cuidar coches. La ordenanza llegó como un show mediático, pero en los papeles es un boomerang que multiplica conflictos, genera desempleo y abre la puerta a decenas de denuncias contra el propio Municipio.

El primer golpe lo reciben los mismos de siempre: los que hace años se ganan unas monedas cuidando autos, ahora convertidos en delincuentes por decreto. El segundo, los vecinos, que si se les ocurre darle una propina a alguien que lave su coche, pueden comerse una multa de más de 50 mil pesos. Ni la Justicia de Faltas ni el Municipio están preparados para aplicar semejante disparate, pero en el universo Hissa todo se resuelve con un acta, una selfie y un posteo en redes sociales.

Mientras tanto, la ciudad sigue su rutina de pozos, basura y servicios a medio cumplir. Pero eso sí, ya no habrá trapitos. En el laboratorio de ocurrencias de la intendencia, generar más desempleo y perseguir a los que buscan sobrevivir es presentado como “orden urbano”. Y en esa ficción, el vecino que apenas junta para comer ahora también puede ser multado por intentar ayudar a otro.

LA MARCHA QUE LIBERÓ A LOS TROLLS

La masiva movilización de los trabajadores estatales sacudió las paredes de Terrazas del Portezuelo y dejó una postal insólita, el secretario de Comunicación tuvo que trabajar. La emergencia fue tal que el ejército de trolls oficialistas, ese que vive a costa del Estado, pasó de la siesta eterna al triple turno para intentar convencer a la provincia de que la realidad es otra.

El operativo digital tuvo guión conocido, primero desacreditar a los sindicatos, después minimizar la marcha y, cuando nada funcionó, recurrir al comodín del oficialismo involucrar al kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner. Pero la calle habló más fuerte que cualquier hashtag o comentario odioso. La protesta reunió a un mosaico de sectores estatales que rozan la línea de pobreza, militantes de distintos espacios e incluso expogguistas arrepentidos, todos con el mismo reclamo, salarios que alcancen para vivir.

Mientras los trolls agotan los dedos en las redes sociales, el gobierno sigue gastando millones en publicidad y operaciones digitales que no tapan la realidad. Cada peso invertido en desprestigiar a los que protestan es un salario que no se paga o una olla vacía que hace ruido. Y ese ruido, por más bots que liberen, no se calla con likes comprados.

TODO ES KUKA

En su carrera desesperada por conquistar a la Casa Rosada, el gobierno de Poggi decidió imitar hasta las mañas de Milei. La última postal es digna de stand-up, el oficialismo se sumó al club de provincias que censuran artistas por “pensar distinto”. La víctima del capricho político fue Lali Espósito, que llenó de música y puntanos felices su tour, pero quedó afuera de un escenario oficial por no ser lo suficientemente libertaria para el paladar poggista.

La producción de la artista pidió el Ave Fénix para el show. La respuesta fue un “no” rotundo, condimentado con la frase que circuló en pasillos oficiales: “con esa no, nunca”. El pecado de Lali no fue artístico, sino ideológico. En el San Luis de Poggi un hit pop puede convertirse en amenaza si la cantante alguna vez criticó al Presidente.

Mientras tanto, los escenarios provinciales parecen reservados para influencers libertarios, tuiteros pagos y algún improvisado que le cante estrofas al ajuste. El resto, por más talento que tenga, ya sabe, si no comulga con el manual de Milei y su réplica puntana, es automáticamente “kuka”. Y en este casting político disfrazado de agenda cultural, la censura siempre desafina.

UNA PRÁCTICA COMÚN 

En San Luis ya parece deporte provincial equivocarse con las transferencias millonarias. La última perlita, 90 millones de pesos que salieron del Estado y fueron a parar a una cuenta equivocada, sumándose al prontuario de “errores” que incluyen los 510 y 110 millones “perdidos” en mayo, justo el mes de las elecciones. En Terrazas del Portezuelo ya ni se sonrojan, mover fortunas por accidente se volvió rutina, casi como mandar un audio sin querer al grupo familiar.

Lo curioso no es solo la torpeza financiera, sino la elasticidad moral con que se mide cada caso. Cuando la beneficiaria fue Verónica Acosta, el gobierno la paseó por el calvario mediático y hasta judicializó el episodio. Pero esta vez, silencio absoluto. La discreción es tan llamativa que huele a blindaje político, si nadie habla, tal vez la plata vuelva sola, como un perro arrepentido.

Mientras los millones se escapan por teclado y nadie explica cómo se “equivocan” con tantas cifras, el gobierno insiste en predicar austeridad y transparencia. Pero la realidad es que parece que la plata pública parece tener patas largas, memoria corta y siempre el mismo destino difuso. Y lo más preocupante es que ya parece una práctica común.