El Fiscal de Estado, Victor Endeiza, apuntó contra los jueces por exigir que el gobierno retome una obra fundamental para los vecinos de El Volcán y que fue frenada por el propio Poggi de la mano de su pata judicial, María Eugenia Bona.
Provinciales29 de enero de 2025
Redacción
La guerra encarnada del gobierno contra la Justicia sumó otro capítulo. El Fiscal de Estado, Victor Endeiza, ahora se mostró indignado porque se le ordenó a la administración Poggi garantizar el acceso al agua potable para los vecinos de El Volcán. En concreto debe reanudar las obras en el acueducto La Florida.
Este podría haber estado terminado hace más de un año, si no fuera porque Poggi la frenó con un amparo judicial cuando todavía no soñaba con volver a la gobernación. Ahora que está al mando, se niega a retomarla para no admitir que su propia jugada le costó a miles de personas. Lo que configura un clásico de las gestiones poggistas, Es un clásico del primero dinamitaron el puente y luego se quejan de que no se puede cruzar al otro lado.
El Gobierno está en guerra con la Justicia y para su batalla no tiene problemas en perjudicar a miles de vecinos con algo tan esencial como el agua potable. La falta del recurso vital en El Volcán no es un capricho ni un tema menor, configura una violación al derecho humano al acceso al agua potable. Sin embargo, en lugar de hacerse cargo del desastre que provocaron, Poggi y su gabinete eligen victimizarse y jugar a la guerrilla judicial.
Amparados en el relato de que no hay fondos, advirtieron que es “irrealizable”. Pero si realmente creen que no hay fondos para retomar la obra, el Ejecutivo podría mover los papeles y presentar una demanda contra Nación para exigir los recursos. Pero claro, eso implicaría enfrentarse con Javier Milei, y parece que en San Luis prefieren esperar a que el presidente tire algún centro o quizá están esperando la autorización de Macri para realizar alguna acción.
Mientras tanto, los habitantes de El Volcán siguen esperando lo que les corresponde: agua. Pero para el gobierno de Poggi, lo urgente es otra cosa: seguir sosteniendo su relato y usar cualquier excusa para desprestigiar y operar contra la Justicia, aunque eso implique dejar sin derechos a miles de personas.
La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.
El intendente Juan Manuel Olguín dispuso el pago de un bono extraordinario que alcanza a más de 200 familias y moviliza la economía local. La medida contrasta con la pasividad de otros jefes comunales que, alineados con Poggi y Milei, mantienen congelados los salarios municipales.
En la 78° Sociedad Rural de San Luis, el gobernador reaccionó con una grosería ante una corresponsal de Lafinur que le consultó por su relación con José Luis Espert. Lo negó, pese a las fotos y visitas previas, y terminó lanzando una frase irrespetuosa que dejó expuesta su intolerancia.
El Ejecutivo municipal denunció ante el Superior Tribunal de Justicia una maniobra sin precedentes: concejales y funcionarios provinciales presentaron una demanda plagada de citas falsas, fallos inventados y doctrina inexistente.
Denuncian un “plan sistemático” para disciplinar voces críticas: concentración de pauta, represalias y medios fantasma financiados con fondos públicos.
El intendente de La Punta cedió terrenos municipales sin ordenanza, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a los vecinos. El acuerdo con una empresa privada se firmó hace dos años y recién ahora busca la bendición del Concejo Deliberante. La antena se instalaría dentro de la planta potabilizadora de agua, una zona estratégica. En San Luis Capital, un negocio similar fue frenado por el Defensor del Pueblo.
Tras meses de presión, ataques mediáticos y maniobras para romper el Círculo Médico, el gobierno provincial tuvo que retroceder y cerrar un acuerdo. La derrota deja expuestos a Jorge Vergara y Teresa Nigra, debilitados tras un conflicto que golpeó directamente a los afiliados.
Vecinos denuncian que nunca pudieron anotarse mientras la intendencia difundía en sus redes oficiales que ya estaba disponible.
Productores denuncian que el gobierno habría vendido “en negro” una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares. El funcionario Ricardo Bazla, hombre de la "ética" poggista, vuelve a quedar en el centro de un escándalo que salpica a la Justicia y a otros ministerios.
El escándalo por el maíz desaparecido de “El Caburé” golpea en el corazón del gobierno de Claudio Poggi. Los paladines de la ética, Bazla y Endeiza, ahora bajo la lupa judicial, ponen en jaque el discurso moral del oficialismo.
El gobernador blanqueó lo que todos sabían: su acuerdo con La Libertad Avanza. Mientras lo decía, empleados del Estado retiraban carteles del candidato opositor. Semana clave para el poggismo, entre confesiones políticas y maniobras electorales.
El secretario de Ética Pública se desmarcó del escándalo por la desaparición del maíz del Caburé con un libreto calcado al del libertario José Luis Espert: “no me prestaré al circo mediático”. No dijo dónde está el maíz, ni el dinero, ni cuándo rendirá cuentas.
José La Malfa dejó su cargo casi un mes después del escándalo por las repavimentaciones del autódromo provincial. El gobierno de Poggi gastó más de 2 mil millones en obras que duraron lo que un pestañeo. Ahora, la pregunta es quién paga los errores.