El agua, ese derecho esencial que damos por sentado, se transformó en un lujo amargo para los vecinos de San Luis. Literalmente. Durante todo enero, lo que salió de las canillas fue un líquido grisáceo, con un hedor nauseabundo que hacía imposible beberlo, cocinar o incluso bañarse sin asco.
Las redes sociales se inundaron de quejas, al igual que los medios locales, que reflejaron el hartazgo de una población que ve cómo la calidad de vida se evapora mientras los impuestos se disparan. En la mira está el intendente Jorge Gastón Hissa, cuya gestión ya carga con un prontuario de servicios públicos en decadencia y silencios administrativos vergonzosos.
“En el centro no se podía tomar el agua. Ahora te da asco hasta bañarte con el olor a podrido que tiene”, sentenció Federico Montes, vecino y una de las tantas voces hartas de la situación. Y no es para menos: los cortes de agua prolongados y la insalubridad del suministro afectan la vida diaria en todos los niveles.
Peor aún, las críticas no se limitan al líquido turbio. Las acusaciones apuntan también al papel “extraoficial” del hermano del intendente, quien, según trascendidos, opera como el verdadero gestor de los servicios. Si hay un problema, todo queda en familia.
Laura Paunicci, otra vecina, fue más allá en su reclamo: “¿Nos tomás de ignorantes a los puntanos? Mi viejo estuvo con vómitos y diarrea por consumir esta porquería. ¿Y ahora qué van a decir? Ojalá tenga la dignidad de renunciar ya”.
Hissa, que ya cumplió un año al frente del municipio, ha demostrado que, si bien los impuestos suben con puntualidad, las soluciones jamás llegan a tiempo. Los problemas estructurales en el suministro de agua se profundizan, y lo que debería ser un bien básico se ha convertido en la última gota de un vaso que los vecinos ya no toleran.
El agua no miente. Es sucia, huele mal y refleja con fidelidad el estado de una gestión incapaz de cumplir con lo elemental.
Enojo de padres y docentes con el rector de la UNSL por estar de campaña y no atender las cuestiones estructurales del colegio.
Motosierra a la Justicia se denominan las redes que, además de comprar seguidores, pagan publicidad para despotricar contra el Poder Judicial. Otra movida poco creativa de Masci y compañía.
El intendente alegó su propia torpeza y le tiró la responsabilidad al gobierno. Bromatología no controla las viandas que reciben los niños en las escuelas y los padres manifestaron su preocupación ante la desidia.
Hay bronca en dirigentes del interior por la posición amistosa del empresario con el poggismo.
La estrategia: presión política, trolls y meter funcionarios afines. En plena campaña electoral, el gobierno quiere quedarse con el único poder que no controla.
En San Luis crecieron los hechos delictivos, según un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación. Solo en 2024 hubo 3.302 robos.
El Fiscal de Estado, Victor Endeiza, apuntó contra los jueces por exigir que el gobierno retome una obra fundamental para los vecinos de El Volcán y que fue frenada por el propio Poggi de la mano de su pata judicial, María Eugenia Bona.
Parece que son muy pocos los que respetan el memorándum confeccionado por el secretario de Ética Pública y Control de Gestión. Crece la interna en el gobierno. La crisis en la salud pública se codea con el Caribe.
Motosierra a la Justicia se denominan las redes que, además de comprar seguidores, pagan publicidad para despotricar contra el Poder Judicial. Otra movida poco creativa de Masci y compañía.
El gobierno de Claudio Poggi atraviesa su momento de mayor tensión política, y la razón tiene nombre y apellido: Alberto Rodríguez Saá.
El gobierno aumentó la partida para el PANE. Además, politiza las escuelas mandando funcionarios a “controlar”, generando malestar entre docentes y trabajadores.
A 20 días de las elecciones, volverán a anotar gente como ya hizo el gobernador en otras elecciones. No hubo anuncios salariales, ni de obras de importancia.
